El ente de control abrió una indagación preliminar para determinar si hubo un daño al erario por el error del Ministerio de Hacienda que ocasionó el pago doble o triple de nómina a varios funcionarios públicos.

La Contraloría General de la República no se quedó conforme con las explicaciones del ministro y decidió abrir una indagación preliminar para esclarecer los hechos y determinar si hubo un perjuicio financiero para el Estado tras falla en el pago de los salarios a funcionarios públicos. La entidad de control ordenó una visita especial al Ministerio de Hacienda y al SIIF para recaudar elementos de conocimiento que permitan identificar las entidades, los servidores públicos, los proveedores, los montos y las entidades bancarias involucradas en los pagos irregulares.

El pasado viernes 24 de noviembre, el Ministerio de Hacienda realizó el pago de las nóminas a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y, por una falla tecnológica que aún no se ha esclarecido, los desembolsos a los funcionarios terminaron duplicados y hasta triplicados, es decir, algunos recibieron el salario y otros dos pagos adicionales.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció el error y aseguró que se trató de un problema del sistema y no de un hackeo o un error humano. Según el ministro, el incidente afectó a cerca de ocho entidades del Gobierno, entre ellas la Procuraduría, el Dapre, los Ministerios de Defensa y Salud. El ministro informó que se logró revertir más del 80% de los pagos adicionales y que se espera recuperar el resto en el transcurso de este lunes.

La Contraloría también solicitó al Ministerio de Hacienda en que le informe:

  • El momento en que se detectó la irregularidad.
  • Los funcionarios a cargo del monitoreo y manejo del sistema.
  • Las medidas de interrupción del pago.
  • El uso o suspensión del sistema que se presume defectuoso.
  • Las directrices para evitar que el error se repita en el futuro.
  • El sistema tecnológico que administra las nóminas.
  • Los contratos mediante los que se adquirió el sistema.
  • Los test de aprobación que se efectuaron para su funcionamiento.

La indagación preliminar tendrá una duración de seis meses y, según la Contraloría, busca “comprobar la ocurrencia de los hechos denunciados o de los que se dé cuenta en el insumo del hallazgo o denuncia, la existencia del hecho generador del daño al patrimonio estatal, identificar posibles responsables fiscales y si es del caso, determinar su conducta para la eventual apertura de un proceso de responsabilidad fiscal”.

El ministro Bonilla podría ser llamado como presunto responsable fiscal, según la Contraloría, ya que es el titular y alto funcionario del Estado de la entidad donde se presentaron los hechos. Además, la Contraloría podría escuchar en declaración juramentada a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y del SIIF que tengan conocimiento sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.

El error del Ministerio de Hacienda ha generado indignación y críticas por parte de la ciudadanía y de algunos sectores políticos, que cuestionan la transparencia y la eficiencia de la gestión fiscal del Gobierno. Algunos funcionarios que recibieron el pago adicional se preguntan si en caso de que ellos deban hacer la devolución del dinero, quién asume el 4×1000. El ministro Bonilla aseguró que se está haciendo directamente la reversión para que los funcionarios no se vean afectados en el pago de 4×1000 y solo se revierte lo que se pasó en exceso.

El Ministerio de Hacienda anunció que este lunes dará a conocer un informe consolidado sobre la evaluación del error y la reversión de giros que adelanta la entidad. Por su parte, la Contraloría continuará con su indagación preliminar para determinar si hubo un daño al erario por el error del Ministerio de Hacienda que ocasionó el pago doble o triple de nómina a varios funcionarios públicos.

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