Julián Domínguez, presidente del gremio que aglutina a 57 cámaras de comercio del país, dice que no acepta la descalificación de la entidad que lidera y cuya filosofía se basa en un buen gobierno corporativo y en la búsqueda del interés general.
El pasado 13 de diciembre, la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, notificó a Confecámaras su decisión de desafiliarse voluntariamente del gremio que cuenta con 57 cámaras afiliadas de todo el país.
La noticia, que apenas trascendió este miércoles 20 de diciembre, constituye un revés para Confecámaras, ya que la CCB representa casi medio millón de matrículas y su aporte económico al gremio es de unos $2.000 millones.
En respuesta a la decisión tomada por el presidente de la CCB, Ovidio Claros, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, señaló que la respeta pero que no acepta que se justifique “en la descalificación de la gestión de una entidad, cuya filosofía de trabajo se basa principios democráticos, de buen gobierno corporativo y en la búsqueda permanente del interés general”.
En un comunicado, la entidad destaca que en las últimas tres reuniones de la Junta Directiva, el presidente de la CCB se ausentó a pesar de la intención del gremio por “tener un diálogo franco e informado sobre las acciones que realiza la Confederación en beneficio de la Red Cameral”.
“La Confederación se ha distinguido por su trabajo armónico, colaborativo y por un esquema de gobernabilidad que garantiza la participación de todas las afiliadas en los diferentes órganos de dirección y gobierno. En la Junta Directiva compuesta por 15 miembros, tienen asiento Cámaras de Comercio de todos los tamaños y regiones, todas ellas con los mismos derechos para deliberar y decidir”, señala el comunicado expedido por el gremio.
Según el informe anual de gestión de Confecámaras, cerca del 90 % de las acciones están orientadas al fortalecimiento de las Cámaras más pequeñas, resultados reconocidos por la Junta Directiva dado el cumplimiento a cabalidad de los indicadores. En igual sentido la Junta Directiva aprobó por unanimidad el plan de acción 2024 y su respectivo presupuesto.
En el comunicado también se destaca el diálogo “fluido y técnico con sus diferentes grupos de interés sobre asuntos cruciales para la Red como el sistema tarifario, las políticas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo, los diferentes proyectos de ley y la más ambiciosa alianza público-privada, que se materializa en un convenio con el Gobierno Nacional que destina el 30% de los ingresos por renovación a temas como la formalización, las cadenas productivas, las fábricas de productividad y el apoyo a la economía popular”.