Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, no existe claridad sobre la destinación $13 billones del rubro de inversión, apropiados para el sector Transporte ($10,5 billones), Hacienda ($2 billones) y Educación ($0,5 billones).

Todos los años, luego de la aprobación del Presupuesto General de la Nación, PGN, por el Congreso de la República, la Presidencia debe sancionarlo como Ley de la República. Posteriormente, el Gobierno nacional debe expedir su decreto de liquidación, el cual debe estar acompañado de un anexo que contenga el detalle del gasto. 

Esta última etapa es, en términos sencillos, una reglamentación de la ley de presupuesto y se constituye en la base del proceso de ejecución presupuestal.

Sin embargo, para los expertos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 y su Anexo técnico no especifican al detalle la destinación de $13 billones del rubro de inversión, cifra que representa el 13% del total de gastos de inversión. Se trata de recursos apropiados para el sector Transporte ($10,5 billones), Hacienda ($2 billones) y Educación ($0,5 billones).

“Desde el Observatorio Fiscal vemos con preocupación la implicación que esto pueda tener en términos de transparencia y acceso a la información. La imposibilidad de conocer el destino específico de estos recursos públicos en el rubro de inversión para estas entidades este año le da opacidad al proceso de ejecución presupuestal, dificultando su supervisión, lo que genera riesgos de corrupción”, señalan los expertos.

En un análisis, plantean que la situación abre otros interrogantes: ¿El desconocimiento del marco de nuestro sistema presupuestal generará demandas contra el decreto de liquidación que ponga en pausa la ejecución del presupuesto de este año? ¿Se trata de un error técnico del gobierno o detrás está la intención de que el Ejecutivo tenga cierta discrecionalidad sobre el destino final de estos recursos? y ¿esto afectaría la continuidad de obras de infraestructura que se encuentren en ejecución actualmente?

Señala además que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un decreto de yerros para corregir esta irregularidad en el caso del Ministerio de Educación. “Desde el Observatorio Fiscal hacemos un llamado a que el Gobierno expida otros decretos de yerros para los sectores de Hacienda y Transporte desagregando con detalle las partidas de inversión”.

Ya antes, el mismo Observatorio había planteado dudas sobre la proyección de ingresos esperados por el Ministerio de Hacienda para financiar el PGN de $502 billones de 2024.