Según los magistrados, el asedio al Palacio de Justicia por sindicatos y manifestantes además de afectar el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados y periodistas.
Aunque el presidente Gustavo Petro aseguró la Corte Suprema “siempre contará” con el apoyo del Gobierno y restó importancia al bloqueo del jueves al Palacio de Justicia por parte de manifestantes afectos al Gobierno, el alto tribunal emitió un duro comunicado en el que condenó los actos violentos e ilegales a los que fue “sometida nuestra casa de justicia”.
“Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, advierten y agregan que la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, fisica o moralmente decisiones de la justicia.
Según los magistrados, en un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico.
Por ello, los magistrados le exigieron al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas.
A juicio suyo, los hechos del jueves, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, ponen en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país.