Juan David Correa, presidente de Protección, analiza los pros y contras del proyecto que tramita el Congreso. Destaca que tiene elementos positivos pero advierte que afectará el mercado de capitales y el crecimiento en el largo plazo.

“Somos una compañía orientada a sus clientes y a construir para ellos experiencias memorables en todo momento”, suele repetir Juan David Correa, quien desde hace 8 años lidera el segundo jugador del negocio de pensiones y cesantías del país, Protección.

Con más de 150 billones de pesos administrados en activos, que pertenecen a más de 8 millones de clientes, Correa admite que el pasado fue un año retador para el sector, con unos mercado bastante volátiles, dada la lucha de la mayoría de los bancos centrales por poner en cintura la inflación y retornar a tasas de crecimiento sostenibles. 

“Terminamos mejor de lo esperado”, dice este ingeniero de sistemas de EAFIT, MBA y experto en finanzas y  negocios internacionales, que en el día a día ha enfocado a la organización que lidera en plantear una conversación alrededor del bienestar financiero de sus clientes.

“Nosotros, más que un fondo de pensiones, hemos declaro el compromiso con el país de ser una plataforma a través de la cual logremos acompañar a todos los clientes en construir ese futuro en una mirada de bienestar financiero”, señala, y explica que por ello se han concentrado en construir un modelo y una oferta que les permita acompañar a los clientes en su ciclo de vida, inclusive a sus descendientes.

Como parte de esa estrategia de orientarse al cliente, el 98% de las transacciones pueden realizarse en forma digital, de tal forma que la experiencia sea más ágil y sencilla, mientras se enfocan en una conversación más centrada en el bienestar y la asesoría.

“A nuestra organización están entrando clientes cada vez más jóvenes, el 75% de ellos no superan los 30 años, con ellos vamos a construir una relación de confianza y cercanía de décadas, teniendo en cuenta el aumento de esperanza de vida”, explica.

En un país con una altísima tasa de informalidad laboral, en que solo 1 de cada 3 trabajadores cotiza en forma recurrente para algún día tener acceso a una pensión, uno de los temas que más desvela a Correa es la discusión sobre la reforma pensional que actualmente hace su curso en el Congreso.

“La vemos como una oportunidad”, dice. A juicio suyo, se trata de una discusión necesaria, aunque su primera consideración es que no resuelve los problemas estructurales de un sistema integral para la atención de la vejez.

En concreto, Correa se refiere a los tres pilares que tiene que tener un sistema pensional: cobertura, sostenibilidad y equidad.

“El proyecto que está sobre el tapete tiene algunos elementos positivos, que no hay que desconocer y hay que seguir impulsando. En concreto, un pilar solidario, que beneficiaría a muchos adultos mayores que viven en condición de vulnerabilidad, al entregarles un subsidio”, dice en diálogo con Forbes.

El presidente de Protección destaca que el proyecto del gobierno terminaría con la competencia entre el régimen de ahorro individual (que representan  las cuatro AFP) y el de prima media (Colpensiones).

“El público es subsidiado y el privado recoge una dinámica que es la construcción del ahorro, y sobre ese ahorro otorga una pensión. Pero el sistema público entrega subsidios desenfocados que benefician a las personas de mayores ingresos, y eso es una inequidad”, plantea.

Y aunque el proyecto contempla que quienes ganen hasta 3 mínimos coticen obligatoriamentte en Colpensiones, lo que en la práctica elimina una buena parte de los subsidios, Correa explica que muy pocas personas ganan entre 3 y 25 salarios mínimos. 

“Está bien que se establezca un enfoque para los subsidios, pero la recuperación de los recursos que están mal enfocados y entregados no va a ser suficiente para poder otorgarles subsidios a todas las personas que el proyecto está incorporando”, explica el directivo quien también destaca como positivo que el que el proyecto les da a las mujeres la posibilidad de que, en la conversación de la economía del cuidado, tengan la posibilidad de lograr una pensión.

Pero además del tema de la ‘gobernanza’ de los refuerzos, ya que Colpensiones recibiría el 90% de los aportes de los trabajadores afiliados al sistema, Correa subraya que para el sistema funcione cada pensión debe tener 11 aportantes.

“Hoy, dada la complejidad de la tasa de natalidad, las personas tienen menos hijos y cada vez menos personas aportan a un sistema público con lo cual está desfinanciado y necesita recursos del Estado para poder pagar las pensiones”.

Según Asondos, hace medio siglo, el país tenía 11 trabajadores activos por cada adulto mayor; hoy esa cifra es de 6, en 2050 se calcula que serán 2,5 y a finales de siglo esa relación tenderá a 1.

Para el presidente de Protección, gracias a la vigencia del sistema privado el país cuenta con más de $350 billones de ahorro de 18 millones de colombianos. Además, según estudios que cita, las AFP le han entregado más de medio punto de crecimiento a la economía anualmente, porque dichos recursos han sido invertidos en proyectos productivos, de infraestructura e inmobiliarios, entre otros.

“Entre los países de la OCDE, hemos alcanzado las mejores rentabilidades durante estos 30 años. Las AFP también hemos ayudado disminuir un pasivo público, que evolucionó de manera positiva y hoy es del 120% del PIB”.

Por eso, de ser aprobada la propuesta del Gobierno, Correa advierte que aumentará al déficit fiscal. De alguna manera, agrega, lo que se resuelve al cortar los subsidios entre 3 y 25 es tenerlos para los 3 primeros salarios en una masa más amplia porque aplicaría a todos los colombianos. 

Como resultado de ello, señala, el principio de sostenibilidad fiscal está seriamente comprometido por el proyecto tal como está, porque cuando se ponen tres salarios mínimos como umbral y hay subsidios, se rompe el principio de equidad porque el que más gana tendrá más subsidios.

De hecho, según proyecciones de Asofondos y ANIF, el pasivo pensional podría superar el 200%, que tendrían que pagar las próximas generaciones. 

Otro afectado sería el mercado de capitales local, que carece de profundidad y vería comprometidos los recursos que actualmente financian actividades productivas, complementa Correa, entre ellos los activos alternativos colombianos.

Por estas razones, el directivo subraya que reforma tiene elementos que deterioran la sostenibilidad fiscal, no promueve la equidad y, además, no aumenta la cobertura, es decir, el número de personas que accederán a una pensión.