Además de afectar la inversión en las regiones, la norma del MinAmbiente afecta la inversión y la creación de empleos en las regiones, y busca inviablizar una actividad constitucionalmente permitida, según los gremios.

Aunque ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reiteró que el decreto 044 de 2024 no pretende terminar con la minería en el país, el Consejo Gremial señaló que esta iniciativa, sumada la creación de la empresa colombiana de minería – EcoMinerales-  y al proyecto de la Nueva Ley Minera, buscan inviabilizar el desarrollo de una actividad constitucionalmente permitida, reglada y que aporta de manera significativa a las finanzas públicas.

En un fallo del año pasado, el Consejo de Estado ordenó planificar ambientalmente el territorio antes de otorgar títulos mineros, lo que motivó la expedición del decreto 044 que, según la funcionaria, “de ninguna manera define una moratoria de la minería”.

Sin embargo, para el Consejo Gremial el decreto sí desestimula la inversión en las regiones, con un impacto en las oportunidades de empleo y su desarrollo y representa una incorrecta interpretación del fallo del Consejo de Estado. 

“Dicho Tribunal fue enfático en reiterar la importancia del desarrollo sostenible y no establecer estados de moratoria minera…y en ningún momento sugiere que las áreas protegidas se declaren desconociendo los lineamientos que la Constitución Política ha establecido para ello, como lo son el rigor científico, la participación ciudadana y la reserva de ley”, señala. 

De acuerdo con el Consejo, la nueva norma, a pesar de tener un rango inferior, desconoce los lineamientos que establecen los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) para la exclusión y restricción de zonas de la minería.

“La nueva norma crea una figura que no existe en la normatividad vigente “la reserva de recursos naturales de carácter temporal”. Por otra parte, el Decreto rompe con la autonomía de rango constitucional de las Autoridades Autónomas Regionales, y contraría la estructura del Sistema Nacional Ambiental”.

Con esta norma y otras medidas, dice el Consejo, se busca pasar a un modelo minero sujeto a amplía reglamentación por parte del Gobierno, centralista, priorizado para el consumo interno, y subsidiado por el Estado.