¿Regalar el pescado o enseñar a pescar? Los dilemas de la lucha contra la pobreza y el hambre: así va Colombia

El escenario: los barrios La Esmeralda y La Magdalena, en Barranquilla. En medio de un calor abrasador, durante una jornada de lo que el presidente Gustavo Petro ha ‘llamado Gobierno con los Barrios Populares’, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, se sube a la tarima y arenga a los allí presentes. Les habla de las transformaciones sociales que busca el gobierno para impulsar la asociatividad y los proyectos productivos.

“Los subsidios tienen que acabarse, porque ya está demostrado que no sacan a la gente de la pobreza”, explica Bolívar a la multitud, un punto de vista que no comparten los economistas y expertos consultados por Forbes.

Según el Dane, para 2023 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional se ubicó en 12,1% y 300.000 personas salieron de esa condición que refleja las carencias que enfrentan en áreas como educación, salud y trabajo, entre otras. La cifra, aunque confirmó la tendencia decreciente de los últimos años, revela que su ritmo de reducción ha disminuido después de la pandemia.

Bolívar, en respuesta a un cuestionario de Forbes, explica que las transferencias monetarias van a continuar, los subsidios no se van a acabar. Afirma que lo que busca es que esas transferencias sean, en el mediano plazo, para el trabajo, el mercadeo social y la creación de economías populares, una tesis que los economistas profesionales controvierten.

“Para avanzar en esta transición”, explica, “hay dos elementos fundamentales: generación de capacidades e inversión. Los hogares necesitan mejorar sus conocimientos, su capacidad de autogestión y encontrar rutas de autosostenibilidad financiera”.

Según Bolívar, una vez el hogar genera esas capacidades, puede trabajar en grupo y comunitariamente, formar cooperativas o unidades productivas. “Para brindarles ese acompañamiento, es que estamos formulando la nueva propuesta”, señala.

Para reafirmar su posición, explica que el 91% del presupuesto del DPS ($10,6 billones) está dirigido a transferencias monetarias. Allí se incluyen los programas Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y Compensación del IVA. El 3,7% a programas de inclusión productiva: la Red de Seguridad Alimentaria, Iraca, Familias en su Tierra y Emprendimiento. Y el 4,7% para inversión en infraestructura social y hábitat y el resto para gastos.

“No se trata de la eliminación de los subsidios”, insiste. “De lo que hablamos es de transformarlos y de la sostenibilidad del modelo, y sobre cómo ayudar a que los hogares generen los ingresos para salir de la pobreza y conseguir autonomía, mediante proyectos productivos y economía popular”.

Pobreza: buenas noticias, pero…

En líneas generales, los economistas coinciden en que evaluar el nivel de pobreza de una población es fundamental para orientar y diseñar políticas públicas que ataquen sus causas.

De manera tradicional, la medida más usada para medir la pobreza se basa en los ingresos monetarios
de los hogares y sus miembros. Sin embargo, según un análisis de ANIF, la insuficiencia de ingresos no solo implica dificultades económicas, sino que también conlleva diversas privaciones, como el limitado acceso a educación, vivienda en entornos saludables, discriminación y obstáculos para insertarse en el mercado laboral de manera equitativa, entre otras. Para medir esta última se utiliza el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

Carlos Sepúlveda, profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Comité de Expertos del Dane en Pobreza, explica que la pobreza monetaria corresponde a aquellos hogares que tienen un ingreso per cápita menor a $396.864 (casi $400.000). De esta forma, un hogar de cuatro personas se consideraría pobre -desde el punto de vista monetario- si tiene un ingreso de $1,6 millones.

Pero, ¿qué tanto hemos avanzado? Según Sepúlveda, durante este siglo XXI Colombia ha presentado un avance sobresaliente en términos de reducción de pobreza monetaria y multidimensional, aunque en la medida en que los indicadores mejoran su ritmo se ha vuelto más lento por una especie efecto base.

“Desde el punto de vista de pobreza monetaria, algo a destacar en la pandemia fue el aumento importante en las cabeceras y la reducción en centros poblados y dispersos, lo cual muestra la importancia de programas como transferencias monetarias condicionadas que los gobiernos han abanderado por varias décadas”, explica.

En cuanto a la multidimensional, la caída es mucho más notoria. “En los últimos años, el ritmo de disminución ha sido más acelerado que la pobreza monetaria y su reducciónha sido permanente salvo en pandemia tanto para las zonas rurales como para las urbanas”.

Con base en los resultados de la medición del IPM correspondientes a 2023, ANIF plantea que al analizar su comportamiento en los últimos cuatro años, lo primero que salta a la vista es su tendencia decreciente, lo que indica que la condición de vida de los hogares colombianos se ha visto favorecida.

De acuerdo con el Dane, entre 2020 y 2021 hubo una disminución en la incidencia de la pobreza de 1,9 puntos porcentuales. Esa reducción fue aún más importante entre 2021 y 2022 pasando de 16% a 12,9%. En contraste, el cambio entre 2022 y 2023 fue únicamente de 0,8 puntos porcentuales, con un resultado a nivel nacional del IPM equivalente a 12,1%.

Para Sepúlveda, la mejor estrategia para reducir la pobreza es tener una economía solida, creciendo de manera sostenida y, sobre todo, con la creación de empleos formales, de calidad y estables.

Sin embargo, también destaca la importancia de la política tributaria (donde el país se raja) y de programas sociales enfocados que transfieran recursos a hogares en condición de pobreza extrema, para lo cual es clave que el país continúe con la senda de reducción de la inflación.

“En multidimensional siento que hay un reto enorme en trabajo informal, ya que tenemos unos porcentajes de hogares en la informalidad muy altos y aunque tenemos una alta cobertura en educación, en calidad el rezago es importante”, explica Sepúlveda.

En cuanto a la idea del gobierno de que hay que acabar los subsidios y convertirlos en proyectos productivos para evitar la dependencia que generan, se muestra crítico y señala que las iniciativas productivas de inclusión social que generan dinámicas sostenibles de generación de ingresos en el tiempo y los programas de transferencias no son excluyentes.

“Creo que tenemos que sofisticar ambos y ver cómo empezamos a generar ayudas un poco más direccionadas, dependiendo de la condición de los hogares, lo que las vuelve más difícil monitorear e implementar”, explica Sepúlveda al destacar la importancia de un crecimiento “pro pobre que implique la incorporación de personas de ingresos bajos al mercado laboral y a la formalidad”.

Andrés Álvarez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, coincide y afirma que la estrategia de reducción de la pobreza no puede ser independiente del crecimiento.

“El crecimiento es lo que hace sostenible y estructural la transformación de hogares que pasan de ser dependientes incluso de subsidios y del soporte del Estado a hogares que logran insertarse en el mercado laboral y en la economía”, explica.

En tono crítico, Álvarez señala que los ingresos altos no se decretan simplemente aumentando los salarios; se logran a través de mayor productividad, lo que significa que hay mucho por hacer del lado de las empresas.

Y es que a juicio suyo, la estructura empresarial del país es improductiva en términos generales, hay pocas firmas de alta productividad capaces de generar empleos formales.

“A las empresas realmente les cuesta insertar personas de ingresos bajos porque sus hijos no logran insertarse en la educación superior de calidad; entonces allí hay un problema serio de descalce entre lo que son los salarios y los puestos de trabajo de alta productividad y lo que la población, en promedio, logra acumular como capital humano”, explica.

Y aunque no hay recetas mágicas, Álvarez plantea que eso se logra generando crecimiento y con un cambio en la estructura productiva hacia empresas de mayor tamaño. Señala, además, que la idea del gobierno de fomentar la permanencia de empresas de pequeño tamaño y de la economía popular es muy peligrosa para el crecimiento de largo plazo y para la inserción de los colombianos en el mercado laboral con condiciones de ingresos altos y alta productividad.

Al referirse a las afirmaciones del director del DPS sobre los subsidios, Álvarez dice que su existencia y la de una red de seguridad es como la malla que utilizan en los circos cuando los trapecistas hace acrobacias.

“Esos mínimos garantizados de ingresos para los hogares me parecen fundamentales”, explica. ¿La razón? Las economías no están exentas de choques, la sociedad no está exenta de otra pandemia y de crisis agudas.

“El cambio climático va a generar choques graves y serios a mucha población vulnerable”, plantea el experto y agrega que la idea de que los subsidios hay que eliminarlos del todo es una cosa absurda. “Pensar que subsidio siempre es un regalo que apereza a la gente es algo que me parece sorprendente por parte de este gobierno”, remata.

“Crecimiento y redistribución”

Y aunque Bolívar califica como importante que 300.000 personas hayan salido de la pobreza multidimensional, explica que el desafío es inmenso pues 18 millones de personas viven en esta situación y de éstas, casi 7 millones de personas sobreviven en la pobreza extrema.

“La superación de la pobreza no es un asunto exclusivo de Prosperidad Social, y vincula a todo el Estado y a la sociedad”, explica Bolívar al referirse a la nueva política de subsidios del Plan Nacional de Desarrollo.

“Por ejemplo, las transferencias condicionadas de Renta Ciudadana tienen un esquema de compromisos que los hogares deben cumplir, asociados a mejorar la escolarización de niños y adultos, aseguramiento en salud, fortalecimiento del tejido social y vinculación a programas de empleabilidad o emprendimiento”, complementa y señala que Renta Joven contribuye a evitar la deserción universitaria y complementa la matrícula cero.

Y ante la pregunta de si hay que priorizar el crecimiento y creación de oportunidades o la redistribución de la riqueza, Bolívar plantea que el desarrollo del país requiere ambas: crecimiento económico y redistribución.

“Necesitamos de una economía respetuosa del medioambiente y basada en la generación de conocimiento. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad económica en el mundo. Para que una sociedad prospere debe ofrecer igualdad de oportunidades para todos”, concluye.

Lo que podemos hacer

Y aunque solo el tiempo dirá si el gobierno es capaz de crear las condiciones para acelerar el crecimiento, afectado por una crisis de confianza y el ajuste que ha buscado la política económica liderada por el Banco de la República, para poner en cintura la inflación, sí hay lecciones que podemos aprender de las experiencias de otros países.

Nils Grede, Representante y Director de País del Programa Mundial de Alimentos (WFP) en Colombia, dice que en Latinoamérica el referente principal en la lucha contra el hambre es Brasil, que en 2014 logró salir del mapa mundial del hambre gracias al programa Hambre Cero que se había lanzado en 2001.

“Hay muchas lecciones aprendidas de la experiencia de Brasil”, explica el experto que cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en contextos de desarrollo y humanitarios con enfoque global, en África, Asia, Europa y América Latina.

En ese sentido, sostiene que el programa Hambre Cero se caracterizó por la implementación de diferentes medidas estructurales, específicas y locales. Entre las medidas estructurales se contaban la política de generación de empleo y la reforma agraria; entre las medidas específicas se identificaba la expansión del programa de alimentación escolar; y entre las medidas locales se encontraban las diferentes políticas de apoyo a la agricultura.

Sobre Colombia, destaca que la última encuesta sobre seguridad alimentaria que realizó el Programa Mundial de Alimentos entre noviembre y diciembre del año pasado evidenció que 25 % de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, lo cual corresponde a 13 millones de personas, aproximadamente.

“El año anterior el porcentaje era del 30 %, así que registramos una mejora relacionada sobre todo con la inflación y la situación económica en general del país, que redujo la tasa de desempleo hasta alcanzar el 9 % en noviembre de 2023”.

A pesar de ello, afirma que persiste un reto importante para que Colombia se acerque al Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero. “Es preocupante la situación de 1.6 millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa, es decir, que no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades alimentarias”.

Más aun, las brechas principales existen en la capacidad de los hogares de acceder a los alimentos: los hogares en inseguridad alimentaria severa tienen un gasto mensual promedio por persona de solo 179,000 pesos, o sea por debajo de la línea de pobreza extrema.

Para enfrentar esta situación de inseguridad alimentaria, que desde su punto de vista tiene raíces crónicas en la desigualdad, la pobreza y la afectación por el conflicto y la violencia, exacerbada por factores coyunturales como eventos de afectación climática, señala que hay situaciones para las cuales se necesitan intervenciones de emergencia y de corto plazo, por ejemplo con programas de asistencia alimentaria y económica.

Del otro lado, concluye, es imperativo fortalecer los programas de mediano y largo plazo, entre ellos las iniciativas de protección social (transferencias monetarias, apoyo nutricional a mujeres embarazadas, lactantes, y niños y niñas menores de dos años, programas de alimentación escolar, apoyo a grupos vulnerables) y los programas para la creación de oportunidades de ingreso (apoyo a la productividad, microemprendimientos, educación).