La nueva legislación incrementa los beneficios tributarios del 25% al 37% en el impuesto de renta para las empresas que opten por donar alimentos.
El presidente de Colombia Gustavo Petro sancionó la ley 2380 de 2024, la cual incentiva la donación de alimentos a los bancos de alimentos para combatir el hambre, proporcionando nuevos beneficios tributarios a los donantes.
La iniciativa, liderada por Saray Robayo Bechara, representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, busca promover la donación de alimentos en buen estado para ser distribuidos entre las comunidades más vulnerables, aquellas que actualmente no logran comer tres veces al día.
“Trabajamos todos en equipo: no solamente con mis colaboradores en la unidad de trabajo legislativo, sino con los senadores y representantes quienes, discusión tras discusión, enriquecieron y fortalecieron el proyecto que hoy, con orgullo, le presento al país y a mi región como ley de donación de alimentos que contribuirá para que cada vez más colombianos tengan algo en sus mesas para comer”, expresó la congresista durante la firma presidencial.
La nueva legislación incrementa los beneficios tributarios del 25% al 37% en el impuesto de renta para las empresas que opten por donar alimentos, buscando beneficiar más de 13 millones de colombianos sin causar un impacto significativo en las finanzas del país. Este esfuerzo se traduce en un aporte de cerca de $7,3 billones anuales en beneficios sociales.
Durante la jornada, la legisladora destacó que “saber que millones de vidas van a tener condiciones de alimentación mínimas y que dejarán de estar en riesgo incluso de morir, es un impulso para continuar trabajando en beneficio de todos los colombianos”.
Además del beneficio económico, la ley de donación de alimentos pretende reducir el hambre en Colombia, un país que aún enfrenta altas cifras de hambre y desnutrición.
“Pero iremos más allá: lejos de dejarla en letra muerta, continuaremos recorriendo las regiones contándoles a los grandes, medianos y pequeños empresarios sobre los beneficios de esta ley, que además de tributarios, son humanitarios, son sociales”, concluyó Robayo Bechara, abogada y miembro de la Comisión Tercera de la Cámara, por el partido de la U.