‘Estamos recuperando la senda del crecimiento y controlando la inflación’, dice el ministro de Hacienda

En la última cumbre con el Consejo Gremial a la que asistió la cúpula del Gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, empezó su intervención diciendo que los empresarios podían estar tranquilos y que los consideran aliados para la reactivación. 

“No va a haber reelección”, les dijo además Bonilla, quien en entrevista con Forbes Colombia explicó el sentido de esa afirmación. “Cuando me subí a la tarima para hablarles, había una pregunta que habían dejado en el panel anterior. Decían que había incertidumbre, porque el presidente se quería reelegir…Yo les quise recordar que él no tiene ningún interés en la reelección”.

En esta entrevista, Bonilla, cuyo video completo puede verse en el canal de YouTube de Forbes Colombia, se refirió a temas claves sobre el manejo de la economía, como el bajo crecimiento, la caída de la inversión privada, la regla fiscal, la reforma tributaria que llevarán al Congreso y lo que ocurrirá con el precio del diésel, entre otros. 

Forbes: Colombia escapó a una recesión en 2023 con un crecimiento de 0,7% y para este año el gobierno y el mercado prevén entre 1,5% y 1,7%. ¿Cómo analiza el momento que atraviesa la economía?

Ricardo Bonilla: Somos un país que en el largo plazo ha tenido una tasa de crecimiento promedio del 4%. Durante la pandemia tuvimos la tercera recesión de nuestra historia con -7%. Con el rebote después de la pandemia, crecimos al 11% en 2021 y al 7% en 2022. Y en 2023 fue el aterrizaje forzoso que en la práctica tuvieron todos los países y crecimos 0,6%. No tuvimos recesión. 

Lo que hemos tenido después del cuarto trimestre del año pasado es un proceso de reactivación con crecimientos de 1,1% en el primer trimestre de este año y los indicadores para abril y mayo muestran una tendencia creciente. Este año podemos cerrar entre 1,5% y 1,7%. Es decir, estamos recuperando la senda del crecimiento y además estamos controlando la inflación, lo que ha facilitado la reducción de la tasa de intervención del Banco de la República hasta 10,75%.

F: A pesar de ello, es evidente que estamos creciendo por debajo del potencial de la economía. Algunos colegas suyos hablan del riesgo de un estancamiento…

RB: Sí hay una tendencia a que podamos estancarnos, pues en la práctica no estamos creciendo mucho. Pero ya hay una fase de crecimiento mayor a la prevista y tenemos la expectativa de recuperar el crecimiento en 2025 por encima del 3%. Este año puede terminar alrededor del 2% si nos va mejor. Y recuperaríamos la senda del 4% después del 2027.

F: ¿Qué tanto de la desaceleración puede atribuirse al ajuste que ha llevado a cabo el Banco de la República y qué tanto a la incertidumbre y ruido generado por la polarización y los anuncios de una Constituyente?

RB: El tema del manejo de tasas sigue siendo que el Banco va a la velocidad que ellos creen y consideran que deben manejarse. Lo cierto es que cuando la inflación subió hasta 13,34% (en marzo de 2023), el Banco reaccionó meses después, tanto es así que en ese momento la tasa de intervención estaba en 13,25%.

Desde entonces, la inflación ha venido bajando (ya estamos en 7,16%) pero el Banco solo ha bajado su tasa hasta 10,75%, de tal manera que tenemos una brecha grande de tasa real. 

Eso está afectando las posibilidades de recuperación porque encarece el crédito. Los bancos comerciales han venido reaccionando reduciendo sus tasas, bajo la expectativa de que va a seguir bajando la tasa de intervención en un entorno de inflación controlada.

Varios ya se sumaron bajando su tasa para la compra de vivienda, que es el sector que más rápidamente se puede reactivar. 

En obras civiles, hemos encontrado que hay nuevos cierres financieros para las vías 5G. Las 4G ya están financiadas, pero existe la pregunta de qué sucede con los aportes del Estado. Por ello estamos haciéndole seguimiento a las obras, lo que conduce a que algunas de ellas como Mulaló-Loboguerrero y otras dos más vayan a un proceso de liquidación de contrato y que recojamos los recursos para poder invertirlos en otros proyectos. Es un tema que se demora pero hacia allá vamos.  La expectativa de las obras civiles está en que las obras contratadas avancen y podamos iniciar nuevas obras. 

F: ¿Les preocupa el estancamiento de la inversión privada y que el crecimiento solo esté impulsado por el gasto y la administración pública?

RB: A nosotros lo que nos preocupa es que se trata de un tema estructural, no coyuntural. Eso quiere decir que si analizamos una senda de 30 ó 40 años, encontramos que en la práctica el país nunca superó umbrales de ahorro e inversión por encima del 20%, cuado países como Corea o China han alcanzado niveles del 35%. 

En Colombia, es umbral ha estado parado y en los últimos 10 años, es aun más bajo. Es decir, eso que hoy se dice sobre la caída de la inversión empezó hace 10 años. No es resultado de este gobierno, que se encontró con una situación ya consolidada y la pregunta es ¿por qué la inversión no ha aumentado? Ante ello, es necesario que la incersión pública actúe y ayude al proceso de reactivación porque los recursos de los privados no están llegando. 

F: Las finanzas públicas siguen siendo el principal reto del país. ¿Cómo analiza el panorama? 

RB: El principal problema que tiene el país en materia fiscal se origina en el endeudamiento de la pandemia. 

Antes de pandemia, la relación deuda-PIB era del 49% y al terminar llegamos al 61%. En un solo año, subió 12 puntos del PIB. Eso son unos $200 billones. El problema de ese endeudamiento es en qué se uso. 

En el caso colombiano, el endeudamiento no fue en inversión sino en gasto. Alguna parte fue para financiar a familias que estaban en condiciones de pobreza por efecto de la pandemia, pero eso no pasó de $17 billones. Acá hay otros gastos que hay que identificar porque no fue en inversión. Y hoy tenemos que pagar esa deuda en pocos años, incluyendo el crédito con el FMI por US$5.400 millones que debemos pagar entre 2024 y 2025. Ya pagamos las dos primeras cuotas de ocho en total. Es un crédito con una tasa de interés que no es muy alta pero es innegociable. Tampoco tiene sentido hacerle ‘roll over’, pero sí nos compromete los recursos. 

En 2023 el país tuvo que pagar $75 billones en deuda; este año serán $95 billones y en 2025, en el mejor de los casos, vamos a tener que pagar $100 billones. 

Si sumamos esto, es más que el endeudamiento de pandemia. Eso tiene que ver con la pérdida del grado de inversión del país en 2021 y quedamos en una situación de que las tasas son más altas y el ‘spread’ de la deuda muy alto. Desde ese punto de vista estamos pagando en intereses cerca del 4,5 puntos del PIB. 

F- ¿Está descartada la flexibilización de la regla fiscal? 

RB: Vamos a pedir este año trasladar el proceso de aplicación de la regla fiscal tras la transición que termina en 2026 que se aplique en 2025. Eso nos abre un espacio cercano al 0,3% del PIB y nos da algo de manejo, es lo máximo que podemos hacer. 

Sí vamos a plantear una discusión que es importante si hacia adelante incorporamos en el manejo de regla fiscal, la regla fiscal verde pero es un proceso que estamos organizando. Eso significa que para eso tenemos que tener proyectos específicos que contemplen taxonomías verdes, la expedición de deuda con contenido ambiental y sostenible, y que además sea congruente con la propuesta del presidente de cambiar deuda por naturaleza. Y que todo eso no se contabilice dentro de la regla fiscal.

F:  Crédito Público ha seguido activo en los mercados con nuevas emisiones que han estado sobredemandadas, pero las tasas que Colombia paga por ese endeudamiento son muy altas….

RB: El presidente nos pidió hacer un cálculo para mostrarlo en Naciones Unidas. Nos pidió estimar el nivel de ‘spread’ del gasto por riesgo y la prima de riesgo que hemos pagado después de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz. La pregunta es: dónde están los recursos que se iban a poner a eso. El cálculo que hizo Crédito Público es que entre 2017 y 2024 hasta el primer trimestre habíamos pagado $29 billones por factor de riesgo en la deuda internacional.

F: ¿Cómo están las relaciones del gobierno con el sector privado? 

RB: Estamos manteniendo unas relaciones cordiales. Hemos mantenido una serie de reuniones, estamos concertando con los gremios y grupos empresariales el proceso de reactivación y mirando cuál es el tipo de inversiones que ellos pueden hacer y cuáles el Estado. Porque en el caso de la construcción, el Estado no construye, sino que pone recursos para las vías, las licita y adjudica. Y en el caso de la vivienda paga subsidios para la compra y la tasa de interés. 

El gran interrogante es: ¿Los privados sí están construyendo? Estamos viendo cifras que indican que hay algo de reactivación en obras civiles y que en edificaciones hay un proceso de recuperación.

Tenemos un encuentro con el mundo agropecuario, más con el agrícola en realidad. Quien de verdad está aportando al PIB es el sector agrícola, el pecuario aporta muy poco. Si el sector participa con 6 puntos en el PIB, más de 4,5 es agricultura, que se hace en 7 millones de hectáreas y la pecuaria en más de 35 millones. La propuesta es traigamos 3 millones de hectáreas que no están utilizadas en agricultura pero son fértiles, esa es la reforma agraria que propone el gobierno, es una mini reforma agraria. Con ese complemento podemos expandir la agroindustria para garantizar la seguridad alimentaria y aporten valor agregado y exportaciones. 

F: ¿Mantienen la idea de las inversiones forzosas?

RB: Ya existen en el sector agropecuario, son los TDA. Nadie pide su desmonte, el gobierno lo que pide es usar esos recursos en forma más eficiente. Hoy el TDA nos deja recursos por $25 billones, de los cuales $18 billones llegan a Finagro y el Banco Agrario, que otorgan los créditos. Quedan $7 billones que se vuelven inversiones sustitutivas y las utiliza la banca comercial. 

Eso se puede volver $17 billones, pero están muy concentradas en empresas de mayor tamaño. Queremos hacerlas más eficientes. 

El presidente ha propuesto que extendamos las inversiones forzosas hacia otros sectores. La banca nos ha hecho una contrapropuesta. Ellos se comprometen a colocar $35 billones para apalancar temas como turismo, agroindustria, construcción, tecnologías de información y temas energéticos. 

El tema que estamos evaluando es qué es mejor porque la propuesta de ellos se aplica ya y las inversiones forzosas demorarían mucho tiempo.

F: ¿Es posible realizar una reforma tributaria para disminuir los impuestos a las empresas con los ingresos tributarios cayendo? 

RB: Hay unos compromisos con los grupos empresariales y el sector privado y el principal es la reducción de la tasa nominal del impuesto de renta corporativo. Eso fue un error de la reforma de 2021 que el ministro Ocampo mantuvo en la de 2022. La idea es reducirla progresivamente, no de golpe. 

Los cálculos de la Dian indican que cada punto que se reduzca la tasa nominal de renta implica un menor recaudo de $2 billones y que debe haber otros reemplazos. Inicialmente pensamos en una reforma neutra pero dado que tenemos que pagar tanto de deuda y el Presupuesto va a quedar desfinanciado, nos toca mirar hasta dónde podemos ajustar algunas tasas en el impuesto de renta. Pero este es un proyecto en construcción.

F: ¿Usted dijo que hay líneas rojas, la principal es que el IVA no se toca. ¿Se puede aumentar el recaudo mediante la lucha contra la evasión? 

RB: Hay líneas rojas, el IVA no se toca, ni alimentos. Hay otra línea: no vamos a reducir el umbral de declarantes de renta en personas naturales. Este año vamos a declarar 6 millones de personas naturales. Hay cosas que no requieren reforma y las puede hacer la Dian: identificar y separar las personas naturales de lo que es el negocio de la persona jurídica. Hoy tenemos un híbrido que no hemos podido resolver. 

En la iniciativa, la Dian ha propuesto incluir un proceso de entregar recompensas a quien identifique a evasores.

F: Ya hicieron uno de los ajustes más dolorosos, el de los precios de la gasolina. ¿Tienen un cronograma para el diésel que también está generando un hueco en las finanzas públicas?

RB: Ya hicimos el ajuste de gasolina. Duró 15 meses y la llevamos de un precio de $8.000 a $15.000 y pico de hoy. Ese cierre nos reduce el déficit, otra de las deudas que nos dejaron pero que no está incluida en los indicadores de deuda. El déficit del Fpec que en 2022 fue de $37 billones. Pagar esa deuda se comió la reforma tributaria de 2021 y 2022. El déficit de 2023 terminó en $20 billones, que estamos pagando este año. Se estima que si no hacemos nada vamos a tener un déficit de $12 billones solo por diésel y las cosas se han venido agravando por un aumento en el consumo que hoy es de 6,3 millones de galones diarios, mientras cae el consumo de la gasolina que no está subsidiada. 

El hueco del diésel viene creciendo, ya lleva 5 años congelados y no lo podemos mantener así. Tenemos que cerrar esa brecha de unos $6.000.

F: ¿Duerme tranquilo con tantos frentes abiertos, entre ellos la reforma pensional que ya acumula varias demandas en la Corte Constitucional y críticas por su impacto fiscal?

RB: La reforma pensional tuvo aval fiscal. En la primera vuelta y la segunda, es decir, en comisiones y en las plenarias de Cámara y Senado. Hay varios temas de discusión y está el proceso de reglamentación. Ya fue publicada en el Diario Oficial y por lo tanto, empezó la ventana de oportunidad para que los colombianos se trasladen de los fondos privados a Colpensiones, sin importar su edad.  Entra en vigencia el 1 de julio de 2025 pero la ventana de oportunidad de traslado ya empezó. 

Hay que reglamentar 46 artículos y hay varios temas por desarrollar: hemos pedido que hay que ponerle cuidado a cuatro. Primero, a cómo van a ser los procesos de traslado y el tema de la transición según el número de semanas cotizadas. Segundo, que definamos qué va a hacer el Banco de la República porque hay dos redacciones diferentes en Senado y Cámara. Hay que reglamentar eso para que el Banco se prepare, porque tal como estaba la versión original de Senado el Banco tendría que esperar hasta el 1 de julio de 2025. Tercero, cuáles son las comisiones, la discusión es álgida y se trata de crear reglas de juego para los actores que existen como para los que puedan llegar. Y la cuarta, es que reglamentemos temas cruciales como los seguros previsionales porque de acá en adelante van a jugar un papel central.