Mientras el Ministerio de Minas habla de una minería para la vida, paz y la convivencia, el sector pide claridad sobre las reglas de juego y el ejercicio de la actividad en un país cuyo 97% del territorio permanece sin explorar.
“Necesitamos un acuerdo nacional para ponernos de acuerdo sobre las cosas fundamentales como la seguridad jurídica y física para permanecer en el territorio y hacer nuestro trabajo”, dijo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, durante el Congreso del sector.
La propuesta de un sector que en los últimos dos años ha pagado más de $36 billones en impuestos y contribuciones, lo que equivale a dos reformas tributarias; y que crea más de 209.000 empleos y más de 800.000 indirectos, en menos del 1% del territorio nacional, es que debe parar la satanización de la que suele ser objeto, a veces desde las propias entidades técnicas del Gobierno como la Upme.
En su intervención, Nariño recogió una propuesta del ministro de Minas, Andrés Camacho, quien propuso un “acuerdo nacional para una minería para la vida, paz y la convivencia”.
Según Camacho, llegó el momento para transformar el sector y para ello es fundamental la creación de una empresa pública, Ecominerales, y la aprobación de una nueva Ley Minera por parte del Congreso.
“Para superar la incertidumbre tenemos que discutir dónde sí y dónde no se puede hacer minería y desarrollar encadenamientos productivos entre la mediana y la gran minería, construir institucionalidad, avanzar en la legalidad y lograr la paz con los grupos armados que migraron del narcotráfico a la minería”, explicó el funcionario.
De acuerdo con un análisis de la ACM, el año pasado las exportaciones del sector ascendieron a US$17.600 millones, que representaron casi 2,5 puntos del PIB colombiano, lo que para los municipios mineros del país significa un 80% de su economía.
“El dato mata el relato”, dijo Nariño al destacar el aporte del sector a la generación de valor económico ($227 millones por hectárea, más que el café o la ganadería) y los aportes de la industria a la preservación de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente.
En ese sentido, reveló que las inversiones del sector en la rehabilitación y conservación de áreas mineras el año pasado superaron los $700.000 millones, el doble de la realizada por el Ministerio del Medio Ambiente y Sostenibilidad en el mismo periodo.
El directivo enumeró los principales retos del sector:
1- La construcción de una regulación acorde con la realidad de la transición energética y las necesidades de desarrollo, en un momento en el que el mundo demanda minerales para la transición energética. Al gremio le preocupa la creación de una empresa pública, Ecominerales, que entraría a competir con los privados en condiciones de desigualdad para estos últimos.
2- Avanzar en la atracción de capitales para la exploración.
3- Recuperar el control en los territorios para la seguridad y la lucha contra la extracción ilícita de minerales, que contamina el medio ambiente y no paga impuestos.
4- Mejorar la competitividad fiscal de un sector cuyas tasas de tributación son superiores a las de los países de la OCDE. Citó el caso del carbón que con la última reforma tributaria paga un impuesto de renta de casi el 45%, mientras que la mayoría de los países desarrollados y emergentes ofrecen beneficios impositivos para atraer la inversión extranjera. Lo propio ocurre con la explotación del níquel, que paga 15% en regalías, una tasa superior a la otros países.