Según la Contraloría, existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía.
La Contraloría General entregó un informe que enciende las alarmas en el país sobre la posibilidad de que 10 millones de personas se puedan quedar sin el servicio de energía en diferentes regiones del país.
Según el ente de control, existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda.
“Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”, alertó la entidad.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, indicó que el Gobierno, los ministerios y las superintendencias involucradas deben “tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica (…) y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional”.
La Contraloría también detalló que hasta la fecha no conoce algún tipo de actuación desplegada por las autoridades para atender esta situación. “Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, dice la entidad.
Al respecto, Asocodis gremio comercializadoras de energía, indicó que a agosto de 2024 el Gobierno debe 1,3 billones de pesos. “Las empresas pequeñas no tienen recursos para pagar nómina. Hay empresas pequeñas que el valor de los subsidios superan su saldos de caja positivos. Eso se hace más crítico por los saldos de la opción tarifaria”, indicó la agremiación.
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