Según lo pactado, este año el ACPM solo subirá 800 pesos y se instalarán mesas de trabajo para adelantar los ajustes estructurales que necesita el sector en materia laboral.
En la madrugada de este viernes, el Gobierno y los representantes de las bases de los transportadores de carga llegaron a un acuerdo, luego de las jornadas de trabajo de esta semana, que permitieron levantar el paro camionero.
La ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, explicó que, con las bases de los transportadores de carga, se firmó el compromiso de aumentar en $800 el costo del ACPM en incrementos de: $400 a partir de la modificación de la resolución 40350 de 2024 y los otros $400 el 1° de diciembre.
De la misma manera, en el acuerdo se determinó iniciar la ruta para las mesas de trabajo alrededor de los ajustes estructurales que necesita el sector para mejorar las condiciones laborales y de calidad de vida de los camioneros.
En su cuenta de X, el Ministerio explicó que “se acordaron otros 14 puntos entre los que se destacan: suspender alzas adicionales hasta tanto no se logren transformaciones estructurales en el sector, establecer mesas técnicas que permitan hacer ajustes normativos e incluir en el SICE-TAC a todos los actores del transporte”.
Según lo anunciado, el Ministerio de Trabajo se compromete incluir en la reforma laboral una propuesta que incluya un artículo especial para el sector transportador, que recoja las necesidades planteadas por los representantes de los conductores de servicio público.
Las reacciones al acuerdo no se hicieron esperar.
“Levantar el paro camionero es un triunfo para el país, pero no para el gobierno”, dijo el ex ministro Mauricio Cárdenas, que enfocó sus críticas en los siguientes puntos de lo suscrito:
1. Le queda al gobierno un problema que cuesta $10 billones al año, cuando no hay plata.
2. Se compromete a una ley para cambiar la fórmula del precio de la gasolina y el ACPM, lo cual será un problema adicional.
3. Vuelve la política del uno a uno, ahora extendida a volquetas.
4. Quedó clara la falta de estrategia del gobierno que acabó cediendo todo cuando se vio contra las cuerdas. Vendrán más protestas.
“El problema fiscal 2025 se agravó. El gobierno piensa que podrá seguir girando contra la anunciada reforma tributaria”.
Los puntos del acuerdo
El acuerdo entre el Gobierno y los transportadores tiene, entre otros, los siguientes alcances:
– Modificar la Resolución 40350 del 29 de agosto de 2024 para establecer los nuevos ajustes en el costo del galón de ACPM ($800, divididos en dos alzas de $400, uno desde la modificación de la norma, el otro desde el 1 de diciembre de 2024.
– Las próximas alzas del diésel se darán cuando se logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas en el transporte de carga. Lo anterior significa que el aumento se refiere al incremento hasta $1.904 y que los dos aumentos anunciados por el gobierno de cuatro mil pesos ($4.000) adicionales, se suspenden.
– Convocar dentro de los próximos ocho días las mesas técnicas para estructurar el Sistema de Costos Eficientes SICE-TAC para otros prestadores del servicio público de transporte de carga: volquetas, líquidos, carga liviana, refrigerados, grúas y niñeras.
– El Ministerio de Trabajo llevará al proyecto de Reforma Laboral un artículo especial para el sector transportador, que recoja las necesidades planteadas por los representantes de los conductores.
– La Superintendencia de Transporte fortalecerá la capacidad de control del SICE- TAC y demás conductas que se constituyen en incumplimiento de las normas que regulan las relaciones económicas del sector transporte de carga.
– Revisar y modificar la política de reposición vehicular, para garantizar la reposición uno a uno, incluyendo volquetas y vehículos de carga de dos ejes rígidos.
– Presentar al Congreso de la República el proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio del sector transporte.
– Solicitar ante las autoridades que corresponda, el archivo de los procesos penales y la cancelación de las sanciones administrativas y/o contravencionales que se hayan impuesto con ocasión del ejercicio del derecho legítimo a la protesta.
– Generar una mesa de trabajo con los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía para analizar nuevamente la fórmula mediante la cual se fija el precio del combustible, garantizando la participación de los gremios que representan a las bases transportadoras.