La denuncia de Gustavo Petro en contra de su antecesor Iván Duque por la compra de un software israelí para espionaje, le costó a Colombia su cupo en el grupo Egmont.

La noche del 4 de septiembre, mientras todo el país estaba expectante por la alocución del presidente Gustavo Petro esperando noticias sobre el paro nacional de camioneros, el mandatario decidió usar el espacio para hablar de un tema completamente diferente: la compra de un software de espionaje israelí durante el Gobierno de su antecesor, Iván Duque.

Petro denunció que Colombia pagó US$11 millones para adquisición de ‘Pegasus’ para espionaje. El Presidente dijo que la compra la había liderado la Dirección de Inteligencia de la Policía, que el dinero había salido del país en efectivo, “probablemente desde Catam”, en dos pagos de US$5,5 millones cada uno entre los meses de junio y julio de 2021. Además aseguró que el programa había sido empleado para vigilarlo a él y otros miembros de la oposición del gobierno de turno.

Durante su discurso, el mandatario de los colombianos leyó una carta dirigida al director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), única fuente de información -ahora pública- de la denuncia de Petro, con esto, el Presidente violó las leyes de confidencialidad de la carta, que según investigaciones del medio El Colombiano “se trata de un documento del canal cerrado de Egmont“, la organización multilateral que reúne a más de 170 agencias de inteligencia financiera de gobiernos del mundo para la cooperación de información y data.

Aunque la demanda de Petro no es nueva, un periodista israelí había denunciado el caso en su momento, la forma de la publicación y el contexto de las declaraciones comprometen de manera absoluta la confidencialidad a la que el documento estaba comprometida.

Pese a que se denuncian inconsistencias en la información, como el monto pagado por el software, su propósito, la empresa que lo comercializa, entre otras cosas, lo cierto es que Petro expuso, en un momento en el tenía la atención de la mayoría de los colombianos, una información confidencial que ahora deja a Colombia fuera del grupo Egmont de inteligencia financiera.

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