Según el gremio, el Decreto 044 del Ministerio del Medio Ambiente crea una especie de moratoria minera que genera incertidumbre jurídica en un sector que es clave para la reindustrialización y las exportaciones.

El mundo enfrenta una especie de “trilema” energético. Mientras busca proteger la biodiversidad y enfrentar la crisis climática, tiene el desafío de garantizar la seguridad de suministro de energía y la sostenibilidad económica.

Colombia no es ajena a la controversia. Por ello, gremios como Fenalcarbón han señalado la necesidad de “constatar la situación de cada uno de los países sin tratar de imponernos modelos de transición que no conducen sino al empobrecimiento de la gente en los territorios”, explica Carlos Cante, su presidente. 

Con 4 millones de toneladas de coque exportadas el año pasado, que generaron US$1.200 millones, el sector y sus voceros defienden el papel del mineral en la transición energética, como se comprobó en el más reciente fenómeno de El Niño, cuando las térmicas, que utilizan gas y carbón en su proceso de generación, evitaron un apagón. 

“Debemos garantizar que nuestras industrias compitan en igualdad de condiciones y continúen siendo motores de crecimiento y empleo”, explica el vocero de un gremio que representa la cadena de suministro del coque, que abarca los productores mineros, las empresas coquizadoras, los comercializadores, los exportadores, los servicios logísticos y portuarios, entre otros. 

Los retos internos y externos no son pocos. En el primer frente, está el Decreto 044 del Ministerio de Medio Ambiente que establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.

“Lo hemos demandado ante el Consejo de Estado porque crea una especie de moratoria minera que genera incertidumbre jurídica”, explica Cante en diálogo con Forbes. “Nadie va a realizar inversiones en áreas mineras cuando existe la posibilidad de que en cualquier momento el Gobierno -de manera arbitraria- establezca zonas de desarrollo temporal que prohíban el desarrollo de proyectos”. 

En un sector que es clave para la producción de acero, el otro desafío que enfrenta es la competencia desleal de gigantes como China, que el año pasado produjo más de 1.000 millones de toneladas del mineral con una industria altamente subsidiada, y sus países satélites. 

“China, que en 13 horas produce el mismo volumen de acero que Colombia en un año, está inundando los mercados globales con precios que han presionado a la baja el valor del coque”, explicó.  Esto ha tenido un impacto en los productores colombianos, quienes han visto una significativa reducción en la demanda de sus principales compradores, las siderúrgicas a nivel mundial.

Indonesia, con casi 5 millones de toneladas anuales, es un nuevo competidor emergente en la exportación de coque, desplazando a Colombia del tercer al cuarto lugar en el ranking mundial de exportadores.

“Indonesia se está consolidando rápidamente y, de no tomar medidas, nuestra participación en el mercado global seguirá en riesgo”, agrega Cante. “Los aceros chinos, pero también los que se producen en Rusia y se introducen en diversas naciones evadiendo las sanciones internacionales producto de la guerra en Ucrania, están inundando el mercado en condiciones de competencia desleal”.

Ante ello, el Gobierno Nacional tomó la decisión de imponer una salvaguardia a las importaciones de acero y alambrón, medida que ha sido criticada por Camacol, ya que representa un aumento de costos para el sector. 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los   dos tipos de medidas están orientadas a equilibrar las condiciones de competencia frente a las importaciones que han afectado al sector siderúrgico, y no tienen un impacto representativo en los costos de la Vivienda de Interés Social (VIS).

Una proyección de la cartera con base en la matriz de oferta y utilización del DANE, señala que los productos derivados de la industria de aceros y laminados solo representan el 1,74 % del total de los costos de materiales, que son la mitad de los costos de la vivienda. Así, un aumento del 30 % en los aranceles tendría un impacto de 0,53 % en el precio de producción para el sector de vivienda que demanda dicho insumo.

Adicional a esto, un análisis del Ministerio de Vivienda señala que el impacto de la medida de defensa comercial no será significativo y llegaría a un máximo de 1,4 % del precio de éstas.