La medida reconfiguraría la relación entre el gobierno central y las regiones en los próximos 12 años.
La plenaria del Senado de la República aprobó este martes la reforma constitucional que incrementaría significativamente las transferencias del gobierno central hacia las regiones, pese a las advertencias de riesgos fiscales que han preocupado a inversionistas y analistas financieros.
Con 75 votos a favor y solo 2 en contra, los legisladores dieron luz verde al sexto de los ocho debates requeridos para convertir la reforma en ley. Ahora, la propuesta debe superar dos votaciones adicionales en la Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene mayoría, antes de pasar a revisión de la Corte Constitucional.
La iniciativa busca aumentar las transferencias del 26% actual de los ingresos fiscales al 39,5% en un período de 12 años, comenzando en 2027. La versión original contemplaba elevarlas hasta el 46,5% en 10 años, pero se ajustó tras el rechazo inicial de sectores gubernamentales y económicos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había propuesto reducir el umbral al 37% y extender el período de implementación a 15 o 20 años, argumentando que la propuesta aprobada podría ser fiscalmente insostenible. Sin embargo, sus preocupaciones fueron desestimadas y no participó en la plenaria del Senado que discutió la reforma.
El avance de la reforma ha desencadenado una venta de activos colombianos, reflejando la creciente preocupación entre los inversionistas por el impacto que podría tener en las ya frágiles cuentas fiscales del país. Instituciones como Fedesarrollo, Anif y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) han advertido sobre el riesgo de una crisis fiscal si no se modera la iniciativa, proponiendo alternativas para lograr una distribución más sostenible.
La reforma no solo incrementa las transferencias, sino que también introduce una reconfiguración institucional. Antes de 2027, el Congreso deberá aprobar una ley de competencias que asigne nuevas responsabilidades a los gobiernos locales, aliviando la carga fiscal del gobierno central. Esta ley complementaria busca evitar superposiciones entre las funciones de las autoridades regionales y el gobierno nacional.
La aprobación de la reforma ha sido uno de los principales logros del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ha logrado unir a diversas facciones políticas en torno a la iniciativa y contar con el respaldo del presidente Gustavo Petro.
“Tenemos un Estado obeso a nivel nacional donde menos lo necesitan los ciudadanos. Y un Estado raquítico en los territorios, donde más lo necesitan los colombianos que están afectados por la violencia, la pobreza y la exclusión. Este paso que ha dado el senado es histórico para Colombia”, dijo Cristo al celebrar la votación en el Senado, que catalogó como un avance hacia la redistribución de recursos en Colombia.
Sin embargo, las preocupaciones fiscales siguen latentes. Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta no requiere aprobación fiscal directa del gobierno, pero su implementación será revisada por la Corte Constitucional una vez se apruebe en la Cámara de Representantes.