Opositores de la reforma están preocupados por la sostenibilidad fiscal del país y las consecuencias de darle más dinero a las administraciones locales.
La Cámara de Representantes aprobó este lunes 2 de diciembre en octavo y último debate la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca el aumento de los recursos que el Estado envía a las administraciones locales para atender temas relacionados con educación, salud, saneamiento básico, entre otros; la propuesta plantea pasar del 25% actual al 39,5% gradualmente en un plazo de 12 años.
El proyecto fue aprobado con 124 votos a favor y solo 3 en contra, la mayoría que aprobó la reforma está conformada por representantes de todas las esquinas: hubo votos a favor desde el Pacto Histórico, el partido Verde, el partido Liberal, el partido de la U, el partido Conservador, Cambio Radical y del Centro Democrático.
Lo bueno
Con el nuevo SGP, las administraciones locales de municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas tendrán más recursos para atender diferentes temas públicos, una queja recurrente entre los líderes regionales.
“Tenemos una deuda histórica con departamentos y municipios. En la Constitución del 91 fuimos generosos en materia de descentralización. Partimos del principio de que ese modelo centralista era un verdadero fracaso. Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios”, citó El Tiempo al representante liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto. Mientras que Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, dijo que el hito marca “un antes y un después en nuestra Nación”.
Lo malo
La propuesta ha sido polémica desde el principio cuando se planteaba que el aumento fuera del 46,5% en 10 años, en el momento 27 exministros de Hacienda reaccionaron expresando su preocupación por la sostenibilidad fiscal del país. Aún cuando se aprobó un porcentaje menor, la preocupación sigue presente.
El Grupo de Análisis Fiscal del Banco de la República publicó un análisis en el que destacó que si bien el déficit fiscal de la nación se estabilizará en alrededor del 2,8 % del PIB a partir del año 2030; la reforma pondría en riesgo ese porcentaje y se podría llegar a un déficit de -4,1% si se aprueba. Aún así, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, líder de la reforma, aseguró que la modificación del SGP no tendrá ningún costo fiscal.
Opositores de la reforma como la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, además de poner en duda la sostenibilidad fiscal hablan de cómo otorgar más recursos a las administraciones locales puede aumentar la corrupción. “No conviene darles más recursos de los que necesitan y pueden manejar, podríamos estar fomentando la corrupción y podríamos estar fomentando el mal uso de recursos con excesos de generosidad”, aseguró.
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