A través de su cuenta de X, el mandatario dijo que esperaba la renuncia de Bonilla, “no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno".

Aunque durante los últimos días lo había respaldado, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González.

“¿Saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda, que ahora vilipendian, que es doctor en economía y es uno de los mejores economistas del país, que es un hombre serio y honesto? Lo que intentaba era que la comisión interparlamentaria de crédito cumpliera su función”, expresó el mandatario en un acto de Gobierno la semana pasada.

Agregó que la función de esa comisión no es aprobar leyes sino los créditos con los que su Gobierno tiene que pagar las deudas que, manifestó, dejó su antecesor, el uribista Iván Duque.

“Eso es lo que estaba haciendo la comisión interparlamentaria, le estaba exigiendo al ministro que para aprobar el endeudamiento beneficiara a sus regiones (…) Ahora sí es malo porque le pidieron al ministro de Hacienda tres proyectos para sus respectivos pueblos, pero era buenísimo cuando le pedían centenares y miles de proyectos” a ministros de otros gobiernos, afirmó Petro.

A pesar de ello, en una larga serie de posteos en su cuenta de X, Petro dijo hoy que esperaba la renuncia de Bonilla, “no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno”.

“Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la constitución si el congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes. Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa”.

Bonilla y el escándalo

El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron en febrero la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal) y otros congresistas a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.

Según el informe de Noticias Caracol, todo comenzó el 11 de diciembre pasado cuando Bonilla firmó una resolución con la que el Ministerio de Hacienda desembolsó 700.000 millones de pesos (unos 175 millones de dólares) a la UNGRD.

Luego esta Unidad iba a firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para obras en los municipios caribeños de Cotorra y Carmen de Bolívar, y en Saravena, localidad fronteriza con Venezuela.

En una de las conversaciones, el ministro le manifestó a Pinilla que estaba “preocupado” por el destino de los recursos de los “proyectos viabilizados”.

Después, el exsubdirector de la UNGRD se contactó con María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, que le pidió al exfuncionario de la Unidad avisar a los intermediarios que los contratos se iban a mover a través de esa entidad.

Para ello, las alcaldías de los municipios mencionados tenían que declarar falsas calamidades con las que se buscaba justificar los contratos, que finalmente no se firmaron porque cuando estaban a punto de hacerlo estalló el escándalo de los carrotanques, que derivó en la renuncia de Pinilla y del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en febrero.

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