El Grupo Portuario de Buenaventura rechazó la orden de suspensión.
La controversia sobre el Muelle 13 de Buenaventura continúa escalando. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó la suspensión inmediata de las actividades portuarias del terminal granelero, gestionado por el Grupo Portuario de Buenaventura, mediante la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025.
La ANLA asumió recientemente la supervisión ambiental del Muelle 13, anteriormente en manos del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura. Según el organismo, los actuales manejos ambientales “desconocen presuntamente las medidas de manejo ambiental frente a los impactos actuales”.
El operador deberá presentar un instrumento de manejo y control ambiental actualizado para que se levante la suspensión. “Es esencial contar con un instrumento de manejo ambiental adecuado y actualizado, que garantice la protección del entorno y responda a las demandas del proyecto”, afirmó la ANLA.
El Grupo Portuario de Buenaventura calificó la decisión como “arbitraria” y denunció su impacto sobre la operación del terminal. “Actualmente, en las bodegas del terminal granelero hay almacenadas 90.000 toneladas de carga, cuya movilización ha quedado suspendida, afectando tanto a importadores como a exportadores”, aseguró la concesión en un comunicado.
Además, señaló que la medida “desconoce el cumplimiento a cabalidad de las exigencias ambientales” estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental de 2002. “La interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, resulta desproporcionada, considerando que se trata de un servicio público esencial”, agregó.
El presidente Gustavo Petro también ha intervenido. A través de X, afirmó: “¿Cómo es posible que la autoridad portuaria de Buenaventura no haya observado lo que la ANLA observó, si centenares de palomas ensucian todos los días los granos importados en el llamado Muelle 13?”.
El caso del Muelle 13 ha sido objeto de disputas legales y administrativas durante meses. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca anuló recientemente una resolución de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que negaba la prórroga de la concesión al Grupo Portuario. Ahora, el foco está en la gestión ambiental del terminal.
Mientras tanto, la ANLA asegura que su prioridad es “salvaguardar el desarrollo sostenible de la zona” y proteger los derechos ambientales de las comunidades. El Grupo Portuario insiste en la necesidad de respetar “el Estado de derecho y la seguridad jurídica”.