Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con la conmoción, además de la consecución de nuevos recursos, se busca fortalecer las capacidades militares, aumentar el pie de fuerza, y restringir e interceptar comunicaciones.
Luego de casi una semana de haberlo anunciado, el Gobierno finalmente expidió este viernes el decreto de conmoción interior, que tendrá una duración de 90 días, aplica para diez municipios de Norte de Santander, el área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del Cesar, y le permitirán tomar medidas de carácter fiscal y tributario que se conocerán la próxima semana.
El decreto, suscrito por todos los ministros del gabinete, tiene el propósito de atender la situación de grave perturbación del orden público por parte de los grupos armados, quienes han afectado a la población y su seguridad.
“El desplazamiento de más de 32.000 personas exige tomar medidas extraordinarias de protección”, explicó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que justicó su expedición con el argumento de que los recursos y competencias ordinarias con que cuentan las autoridades son insuficientes para atender de manera efectiva a las personas que están saliendo del país hacia Venezuela, por lo que la situación supera significativamente la capacidad de respuesta de las instituciones, dificultando la provisión de servicios esenciales.
El decreto subraya “la responsabilidad constitucional de los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, incluso en tiempos de anormalidad como el presente, respetando las normas tributarias que protegen las competencias y recursos de las entidades territoriales”.
El presidente puede decretar el estado de conmoción interior, según el artículo 213 de la Constitución, “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.
“Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público”, según la Constitución.
Hasta ayer jueves, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia había recibido 41 cadáveres, entre ellos un bebé de 19 meses y dos adolescentes de 14 y 16 años, víctimas de la violencia entre guerrillas en el Catatumbo (noreste), que las autoridades calculan que ha dejado entre 60 y 80 muertos.
Además, las cifras recopiladas por el Puesto de Mando Unificado hablan de más de 32.000 desplazados por la violencia, sobre todo personas que han llegado a Cúcuta (13.426), Ocaña (10.719) y Tibú (10.422).
Sin embargo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) detalló ayer que del total de 50.000 afectados por la violencia, hay ya 38.419 desplazados y 12.176 confinados.