Según cálculos del gremio, la insuficiencia de recursos con cargo a la UPC ha acumulado un faltante cercano a los $15,5 billones entre el 2022 y el 2024.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) destacó el Auto 007 de 2025 emitido por la Corte Constitucional, que declara el incumplimiento general frente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordena su reajuste para los años 2024 y 2025.
Esta decisión, resultado del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, representa un paso fundamental para garantizar el derecho a la salud de los colombianos y fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud.
Según el gremio, la Corte, al evidenciar las deficiencias estructurales en el cálculo de la UPC y el impacto que estas generan en el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS), subrayó la urgencia de contar con mecanismos transparentes y efectivos para garantizar que los recursos asignados reflejen las necesidades reales de la población.
Esto incluye ajustar la metodología de cálculo, reconocer los rezagos acumulados desde 2021 y avanzar hacia la equiparación de los valores de la UPC entre los regímenes contributivo y subsidiado.
Según cálculos de la Andi, la insuficiencia de recursos con cargo a la UPC ha acumulado un faltante cercano a los $15,5 billones entre el 2022 y el 2024.
En un estudio técnico el gremio señaló que, de continuar con los niveles de siniestralidad que está exhibiendo el sistema, el faltante para el 2025 podría estar alrededor de los $10 billones.
La situación de insuficiencia ha generado una crisis financiera sin precedente en el sistema, señala la Andi. “Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro y pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias”.