La administración Petro ha enfrentado múltiples cuestionamientos por presuntas irregularidades en entidades clave, como Ecopetrol y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La presunta financiación irregular de la campaña presidencial también ha generado controversia.
Colombia descendió cinco puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, ubicándose en la posición 92 de 180 países, con una calificación de 39 sobre 100, informó este martes Transparencia por Colombia.
El puntaje del país cayó un punto con respecto a 2023, consolidando una tendencia de estancamiento y baja efectividad en la lucha contra la corrupción, pese a las promesas de cambio del presidente Gustavo Petro. El informe advierte que la corrupción sigue afectando la confianza en la democracia y la garantía de derechos fundamentales.
El ranking global del IPC, que otorga puntajes de 0 a 100 –donde 0 es altamente corrupto y 100 muy transparente–, ubica a Dinamarca (90), Finlandia (88) y Singapur (84) en los primeros lugares. En contraste, Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10) aparecen en los últimos puestos.
En América Latina, Colombia supera a Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32) y Perú (31), pero se encuentra lejos de Uruguay (76), el país mejor calificado de la región. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia figura entre los peores evaluados, solo por encima de México (26) y Turquía (34), mientras que el promedio del bloque es de 65 puntos.
La administración Petro ha enfrentado múltiples cuestionamientos por presuntas irregularidades en entidades clave, como Ecopetrol y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La presunta financiación irregular de la campaña presidencial también ha generado controversia.
“La lucha contra la corrupción no ha sido una prioridad estratégica del gobierno, y los resultados lo reflejan”, dijo Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. “Se requiere un compromiso real para fortalecer las instituciones y evitar la captura del Estado”.
El gobierno lanzó en diciembre la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pero los expertos advierten que su impacto dependerá de su implementación efectiva en los próximos meses.
La corrupción continuará siendo un tema central en la agenda pública de 2025, con investigaciones clave en curso y la designación de un nuevo Procurador General, quien deberá demostrar independencia en un entorno de crecientes cuestionamientos políticos.
El Congreso, por su parte, debatirá una reforma clave sobre la distribución de recursos entre el gobierno central y las regiones, un proceso que, según analistas, deberá blindarse contra riesgos de corrupción en medio de la coyuntura electoral.
“El agotamiento frente a las promesas incumplidas no puede ser la constante de nuestra democracia”, afirmó Hernández. “Si queremos avanzar hacia un país más justo, debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los recursos públicos”.