Mientras el país espera el desenlace en el Senado, las dudas sobre la viabilidad fiscal y los efectos de la reforma continúan alimentando el debate.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el jueves en segundo debate la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con 90 votos a favor y 28 en contra, el proyecto ahora enfrenta su prueba más desafiante en el Senado, en medio de críticas por la falta de aval fiscal y la eliminación de la meritocracia en la designación de gerentes hospitalarios.
El artífice de este resurgimiento en la Cámara fue el recién nombrado ministro del Interior, Armando Benedetti, quien logró rearticular la coalición gubernamental luego de meses de estancamiento legislativo.
“El presidente Gustavo Petro prometió devolverle la dignidad y la salud a los colombianos y hoy avanzamos”, declaró Benedetti tras la votación.
A su vez, el presidente Gustavo Petro agradeció “el esfuerzo de la cámara por aprobar la reforma a la salud y la laboral. La cámara de representantes ha cumplido con aprobar las grandes reformas que garantizan la universalidad de los derechos fundamentales en Colombia”.
Sin embargo, persisten serias dudas sobre el impacto financiero de la reforma. A pesar de la presentación de un “concepto técnico” del Ministerio de Hacienda, el gobierno aún no ha divulgado cómo costeará los profundos cambios al sistema de salud. La Corte Constitucional ya tumbó una iniciativa gubernamental anterior —la creación del Ministerio de la Igualdad— por falta de sustento fiscal, lo que podría representar un obstáculo para la reforma sanitaria si la situación no se corrige.
El proyecto prevé transformar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSV), retirándoles su rol en la administración de recursos financieros.
También fortalece la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que asumirá el papel de pagador único y auditor del sistema. Además, se propone la creación de Redes Integrales Integradas Territoriales de Salud (RIITS) y Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), con un modelo basado en la atención primaria y la prevención de enfermedades.
No obstante, la eliminación de la obligatoriedad de la meritocracia en la designación de directores de hospitales públicos generó críticas dentro y fuera del oficialismo. Marta Alfonso (Alianza Verde), congresista aliada del gobierno, advirtió que suprimir este requisito desvirtúa el espíritu anticorrupción de la reforma. Además, la oposición ha denunciado la creación de un fondo de infraestructura hospitalaria con régimen de contratación privada como un potencial foco de corrupción.
El camino de la reforma ha estado marcado por tropiezos políticos. Inicialmente prevista para su aprobación en diciembre, el debate se extendió por meses debido a la falta de consenso dentro del Congreso y a un remezón en el gabinete de Petro. La situación se destrabó tras una serie de acuerdos con partidos tradicionales, que aseguraron la continuidad de sus cuotas en el gobierno a cambio de respaldar la iniciativa.
El proyecto ahora pasa a la Comisión Séptima del Senado, donde enfrentará un análisis minucioso y un escenario político más hostil. La primera versión de la reforma también superó dos debates en la Cámara antes de colapsar en el Senado, por lo que el gobierno enfrenta una batalla cuesta arriba para lograr su aprobación final.
“Este proyecto en vez de corregir los problemas del sistema de salud, los agrava porque no pone en el centro a los pacientes. El Gobierno ha impuesto su ideología y dogmatismo. Si se convierte en ley, los resultados de esta reforma se van a contar por miles de muertes”, advirtió el congresista opositor Andrés Forero (Centro Democrático).
Mientras el país espera el desenlace en el Senado, las dudas sobre la viabilidad fiscal y los efectos de la reforma continúan alimentando el debate.
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