El Ministerio de Minas debe más de $1,2 billones a EPM por concepto de subsidios a los estratos más bajos de la población.
Un juez de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno por las deudas que el Ministerio de Minas tiene con el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) por subsidios a las tarifas de energía, que ascienden a más de $1,2 billones.
La decisión fue tomada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el pasado 4 de marzo, en un fallo en el que se precisó que el embargo es por dineros que el Gobierno Nacional le adeuda a Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), una de las empresas del Grupo EPM, informó este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
“La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía (…) que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, dijo Gutiérrez en su cuenta de X.
Según el documento publicado por el alcalde de Medellín, la deuda corresponde a 41.654 millones de pesos por “concepto de saldos insolutos derivados de las obligaciones reconocidas”. A eso se suman 5.258 millones de pesos por intereses de mora.
Gutiérrez, fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro, añadió que hay otras demandas, entre ellas una presentada por Afinia, que presta sus servicios de energía en los departamentos caribeños de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, y que está a la espera del pago del Gobierno por subsidios de electricidad a los estratos vulnerables.
“Presidente Petro, esta es una decisión de la Justicia. Le pido que pague lo que debe, no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la Ley”, señaló el alcalde que dijo que el Gobierno pone en riesgo a las empresas prestadoras de servicios públicos y desconoce la justicia.
En un Consejo de Ministros transmitido por los canales públicos, Petro acusó al uribismo de sabotear la financiación del Gobierno por demandar los pocos recursos que tiene.
“Es una acción política que no va con los intereses de Antioquia ni los de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni con el interés nacional”, señaló Petro.
Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, dijo que la demanda es una maniobra política y electoral,
“El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de las nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”, agregó.
Sin embargo, Palma reconoció que hay algunas deudas al sector,por cuenta del déficit fiscal y dijo que las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos, y que los Ministerios de Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, según la capacidad que tienen.
Con información de EFE y Forbes Staff