Las alarmas son reales: estudios indican que para 2050 menos del 15% de la población vivirá en el campo. Sin un relevo generacional, se pone en juego la productividad del país y el futuro del agro. Empresas dicen sentir ya la escasez de mano de obra y se enfrentan a un dilema: invertir en la tradición o en la industrialización del agro colombiano.
María Esther Rey tiene 85 años. Tuvo seis hijos y tiene 15 nietos. Todos sus hijos se dedicaron, como ella, a hacer vida en el campo, en la vereda Cusaman del municipio de Lebrija, Santander.
Sin embargo, solo cinco de sus nietos permanecen allí. Los demás se instalaron en Bucaramanga, Girón, Floridablanca e incluso Bogotá. Algunos estudiaron carreras técnicas o tecnológicas y otros viven del día a día con negocios informales. “Todos salieron adelante”, dice a Forbes, haciendo referencia a que, a diferencia suya, no trabajan la tierra.
Como su familia hay cientos en Colombia, que al ver el panorama en el campo deciden migrar a las ciudades para acceder a mejor educación y posteriormente, mejores oportunidades de empleo. Pero al tiempo, van dejando sin relevo generacional al sector que es la base de la industria y que hoy está envejeciendo. Antes de la pandemia el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ya había lanzado el primer S.O.S. anunciándole al país que los campesinos tienen, en su mayoría, más de 41 años. Lo que significa que en los próximos 20 años no tendremos quién siembre comida en Colombia.
María Esther creció trabajando para las fincas más grandes de su vereda. Empezó a los 14 años con pagos diarios de entre 20.000 y 30.000 pesos por 10 o 12 horas de trabajo. El ‘jornal’, dice, se paga hoy a 40.000 pesos. “Pero es duro estar al rayo del sol, llevar en la espalda lo que se recolecta desde el cultivo hasta donde se descarga, almorzar al lado del árbol, y luego coger carretera otra vez para la casa”.
Su nieta, Kelly Díaz, de 31 años, dice que lo que la motivó a estudiar una técnica en Pedagogía Infantil y buscar trabajo en la ciudad fue precisamente que creció viendo a su papá trabajar largas jornadas y siempre pasar por periodos de dificultad económica. Ella, además de su trabajo formal, emprendió con una empresa de decoración con globos para eventos y solo va al campo a visitar a su abuela una o dos veces al mes.
La finca familiar, de dos hectáreas, hoy es atendida por tres de los hijos de María Esther. Con la venta de la mandarina que cultivan, que se despacha en la central de abastos de Bucaramanga, mantienen su casa, pero dicen que de las hasta 40 toneladas que podían llegar a obtener durante el año, hoy no alcanzan ni el 50%. “Muchas se pierden porque no hay gente para recolectarla o porque sale más caro ir a venderla, también porque los precios de los fertilizantes suben y si no se compran el cultivo se termina dañando”, comenta uno de sus hijos.
Este caso representa en pequeña escala la situación que vive hoy Colombia y que incluso las grandes empresas han empezado a resentir. Desde ingenio Providencia, en el Valle del Cauca, confirman que la región tiene cada vez menos mano de obra agrícola capacitada. “Además, observamos que un segmento significativo de los jóvenes de las zonas rurales tiene menos interés por las actividades agrícolas, ya que prefieren desarrollar carreras en sectores relacionados con la tecnología, especialmente en modalidades remotas o híbridas”, explica Angie Riascos, directora de Sostenibilidad de Providencia.
En Antioquia, Suroccidente, Eje Cafetero y el Tolima ya hay una preocupación acentuada por la mano de obra rural, porque a la salida de jóvenes a las ciudades se ha sumado la exportación de esta mano de obra a países como España o Chile.

Y aunque la industrialización del agro es el futuro del sector, Colombia enfrenta retos enormes que impiden que sea una realidad, incluso pese a los impulsos que llegan desde el Gobierno. El comportamiento del peso, la competencia del mercado, el suministro de materias primas y las malas condiciones de la infraestructura vial son solo algunos de esos retos, según un estudio de la Universidad Militar Nueva Granada.
Andrés Velasco, gerente general de Agrícola Himalaya, resalta además que en el proceso de industrialización hay que tener en cuenta la naturaleza de la tierra en Colombia. En su caso, los cultivos de té de la compañía están en altura y, aunque han hecho a su producto distinguirse como uno de los mejores del continente, esa ubicación atípica dificulta la implementación de tecnología. “Aunque la escasez de jóvenes no ha sido tan grande como para afectar la operación, sí nos tiene mirando hacia el futuro apostando por la tecnificación. Ya estamos haciendo ensayos con cosechadoras mecánicas, teniendo en cuenta que es complejo implementar estas tecnologías en plantaciones de montaña como las nuestras”.
El dilema: ¿tradición o tecnología?
Según datos del Dane, en 2023 más de 12,7 millones de colombianos tenían entre 14 y 28 años, de los cuales solo 2.984.500 (23,5%) vivían en zonas rurales. El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) dice en el pronóstico más reciente que: en 2050, menos de un 15% de la población viviría en el campo. Lo que supone un gran reto Colombia.
Expertos como Emmanuel Quiroga, investigador y profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, indican que un cambio eficaz para solucionar la falta de jóvenes en el campo va más allá de una reforma agraria que entregue tierras. Se necesitan mejores condiciones de vida rural, así como oportunidades para educarse y regresar al campo.
Desde su llegada al Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha hecho énfasis en la importancia de sacar adelante la Reforma Agraria, que no necesitaba ser aprobada por el Congreso, y que tenía dos grandes objetivos: la entrega de tierras y la agroindustrialización del campo colombiano. Sin embargo, esta iniciativa sigue estancada.
Del lado de las tierras, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, en dos años y medio del Gobierno, esa entidad ha adquirido 448.544 hectáreas de tierra. Pero la cifra sigue siendo baja si se tiene en cuenta que el Gobierno prometió llegar a comprar 1,5 millones de hectáreas antes del 2026. Además, con corte a 2024, solo 86.000 hectáreas se habían entregado a los campesinos, según declaró la entonces ministra de Agricultura Jhenifer Mojica en entrevista con Blu Radio.
El panorama es importante si se tiene en cuenta que Colombia es el país con la mayor tasa de concentración de la propiedad de la tierra en América Latina. Solo el 1% de las fincas de mayor tamaño acapara el 81% del total de hectáreas productivas, como lo reporta el más reciente análisis de Oxfam. Esa concentración es una de las causas de la desigualdad y de la pobreza en el campo.
En cuanto a la agroindustrialización, el Gobierno firmó en 2024 el decreto reglamentario de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam). Esa normativa tiene como objetivo reconocer la territorialidad de las comunidades campesinas, sus saberes, tradiciones y costumbres y ordena la creación de un Plan de Vida Digna, que servirá como insumo principal para la permanencia de estas poblaciones en los territorios.
Para llevar a cabo estos planes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural actuará a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para su diseño, implementación y medición de impactos. Esto tendrá que pasar en los dos años que quedan de gobierno.
Desde el sector privado insisten en que la salida a esta encrucijada debe ser trabajo conjunto entre empresas y sector público y que la inversión debe destinarse tanto a la implementación de la tecnología como a la conservación de la cultura campesina a través de mejores garantías para el campo.
Providencia, por ejemplo, detalló que actualmente su estrategia para atender esta problemática incluye enfoque en la reconversión laboral, para capacitar a los campesinos que trabajaban en recolección de caña en nuevos roles más especializados, como operadores de maquinaria pesada, entre otros.
“También realizamos visitas educativas a lo largo del proceso productivo, desde la siembra hasta la producción de azúcar, alcohol, y energía, involucrando a los hijos de nuestros proveedores de caña para que comprendan la producción sostenible y consideren seguir con la actividad agrícola como una opción profesional”, agrega Angie Riascos, directora de Sostenibilidad de Providencia.
Las alianzas también serán claves de cara al futuro. En el Valle del Cauca programas como Compromiso Rural, una iniciativa público-privada entre las empresas y actores como Asocaña, Procaña, Cenicaña, el SENA y el ICBF han permitido que jóvenes de los departamentos del Valle, Cauca, Caldas y Risaralda se formen en habilidades del sector agroindustrial.
Como resultado de este esfuerzo conjunto, indica Riascos, se han generado 1.500 nuevos empleos en el sector. “Estamos convencidos de que, con una visión integral y colaborativa, podemos construir un futuro donde la tecnología, la innovación y la sostenibilidad impulsen el desarrollo del campo colombiano, asegurando su viabilidad y relevancia para las próximas generaciones”.
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