La Alcaldía de Bogotá está lanzando un diagnóstico de madurez empresarial, que pretende mejorar los diagnósticos y a su vez, la focalización de recursos en los programas de acompañamiento a las empresas de la ciudad.
Casi el 70% de las empresas que se crean en la capital colombiana no logra superar su quinto año de existencia, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá.
A diciembre de 2024, el 47,3% del tejido empresarial correspondía a compañías de servicios, seguido por un 32,4% dedicadas al comercio, un 17,3% a la industria, un 1,5% al sector agropecuario y minero, y el restante 1,5% a otras actividades económicas.
En ese contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá lanzó una herramienta gratuita que busca analizar los retos de los negocios atrapados en ciclos de informalidad, baja productividad y falta de apoyo financiero, con el objetivo de focalizar mejor los recursos de los programas de la Alcaldía de Bogotá.
“Estamos lanzando un instrumento de diagnóstico de madurez empresarial”, explicó María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico, al anunciar el DIME, una plataforma diseñada para evaluar el nivel de desarrollo de las empresas bogotanas a través de cinco dimensiones clave: desarrollo del producto o servicio, liderazgo y planeación estratégica, mercadeo y ventas, financiamiento y contabilidad, e innovación.
La iniciativa surge el alarmante contexto, en el que solo el 31,9% de las empresas en Bogotá logra sobrevivir más allá de cinco años.
“Nos preocupa especialmente la baja tasa de supervivencia empresarial”, agregó López. “Cuando analizamos este dato en detalle, encontramos que entre las empresas más pequeñas, la tasa de supervivencia es aún menor.”
El tejido empresarial de Bogotá está compuesto en un 97% por micro y pequeñas empresas. Sin embargo, la informalidad es el gran enemigo estructural. Cifras de la Secretaría revelan que el 76% de las empresas operan de manera informal, mientras que el 70,7% de los micronegocios no cuenta con registro mercantil y el 85,4% presenta informalidad tributaria.
“Existe una carencia de información suficiente sobre el tejido empresarial para comprenderlo a fondo”, explicó López. “Necesitamos entender mucho mejor la madurez de las empresas, ya que la información actual es muy limitada.”
El DIME (Diagnóstico de Madurez Empresarial) apunta precisamente a resolver ese vacío. La herramienta asigna a cada empresa una puntuación de 0 a 5, de acuerdo con su etapa de desarrollo, desde la ideación hasta la madurez. Con más de 5.000 empresas ya registradas, el instrumento ha empezado a generar los primeros hallazgos útiles para la formulación de políticas públicas.
“Para nosotros es fundamental capturar datos de calidad que nos permitan focalizar mejor los recursos y tomar decisiones de política pública más efectivas”, señaló López. “Así podremos llegar e impactar de forma más adecuada a las empresas por las que trabajamos, a través de una oferta institucional y programas que se adaptan al nivel de madurez empresarial.”
Además de estar siendo útil para las autoridades, también lo está siendo los empresarios.
“Esta herramienta es útil para las empresas porque, al ser gratuita, les permite identificar en qué áreas deben fortalecerse; y para nosotros es clave, porque nos ayudará a mejorar la focalización de nuestras intervenciones”, recalcó López.
Uno de los principales obstáculos para la consolidación empresarial en la ciudad es el modelo de negocio de subsistencia: el 80% de los micronegocios son unipersonales y apenas el 40% nace por oportunidad, el resto por necesidad. Además, el 84,5% no realiza aportes a seguridad social y el 81,8% opera sin certificaciones ni registros actualizados.
“La capacidad de supervivencia es un fenómeno multidimensional que involucra liderazgo, innovación, informalidad y financiamiento”, explicó la funcionaria. “Debemos empezar a abordar la supervivencia empresarial desde una perspectiva multidimensional, como ya lo hicimos al pasar de la medición de la pobreza monetaria a la pobreza multidimensional.”
López también abordó la importancia de conectar este diagnóstico con herramientas concretas. “Para cada etapa de la ruta empresarial, y según el nivel de madurez y el sector, existe un programa específico. Contamos con un presupuesto de inversión anual de $140.000 millones, de los cuales $60.000 millones se destinan a empleabilidad; el resto se distribuye entre todos los programas empresariales”, apuntó.
En 2024, la Secretaría facilitó créditos por $240.000 millones a través de alianzas con el sector financiero, especialmente compañías fintech que cuentan con modelos alternativos de scoring crediticio.
“Más de 7.000 empresas accedieron a estos recursos, y el 70% de ellas nunca antes había recibido financiamiento”, dijo.
La apuesta de largo plazo es ambiciosa: reducir la informalidad, aumentar la productividad y fomentar la autonomía financiera de los negocios bogotanos.
“La inclusión productiva es esencial si queremos reducir la dependencia de los programas de transferencias económicas”, concluyó López. “Cuando combinamos inclusión social con inclusión productiva, promovemos la autonomía financiera y usamos de manera más eficiente los recursos públicos.”