Este nivel tan bajo de caja reduce la capacidad del Gobierno para cumplir sus pagos a tiempo y lo obliga a endeudarse en condiciones más difíciles.
El Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, está operando con el nivel más bajo de dinero en efectivo disponible (conocido como “caja”) desde que se tiene registro.
Al 31 de marzo, solo contaba con $10 billones en depósitos en el Banco de la República, muy por debajo del promedio histórico de $26 billones para este mes. Así lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), un organismo independiente que vigila la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Este nivel tan bajo de caja significa que el Gobierno tiene menos espacio para pagar sus compromisos de corto plazo, lo que puede traducirse en retrasos en pagos a proveedores, menor inversión pública y más presión para buscar financiación en condiciones costosas.
La regla fiscal es una norma que limita cuánto puede gastar el Gobierno en relación con lo que recauda, para evitar un endeudamiento excesivo.
Según el CARF, el Gobierno de Gustavo Petro está incumpliendo esa regla: el déficit fiscal primario —es decir, lo que gasta el Estado sin contar los intereses de la deuda— fue de -0,9% del PIB a febrero. Esto es más del cuádruple de lo que permite el Plan Financiero del Gobierno para este año (-0,2%).
Un déficit primario negativo implica que el Estado está gastando más de lo que recibe, incluso antes de pagar intereses. Si esta tendencia continúa, se complica la meta de estabilizar la deuda pública.
En cuanto a los ingresos, el recaudo tributario creció apenas 6,2% frente al año pasado, muy lejos del 22,7% necesario para cumplir la meta de 2025. Aunque se recaudaron $49,4 billones brutos a febrero, el monto neto —es decir, el que realmente entra a la caja tras descontar devoluciones y otras partidas— fue inferior a lo esperado.
El impuesto de renta, que representa una porción importante del recaudo, estuvo por debajo de la meta. En cambio, el IVA y los impuestos externos (como aranceles o tributos a las importaciones) tuvieron un mejor desempeño.
A pesar del bajo recaudo, el gasto del Gobierno se mantiene alto. Hasta marzo, el gasto total fue equivalente al 5,3% del PIB, más que el promedio de los últimos cinco años (4,5%). Parte de ese gasto se explica porque el Gobierno ha estado pagando compromisos atrasados de años anteriores —llamados “reservas presupuestales” y “deuda flotante”—, lo que podría reducir la presión en los próximos meses, pero que deja menos caja disponible hoy.
El gasto en intereses de la deuda también es una carga pesada: en los dos primeros meses del año, casi el 30% del recaudo se destinó solo a pagar intereses. Eso reduce el margen para financiar programas sociales o inversión pública.
Con una caja tan limitada y un déficit creciente, el Gobierno necesita endeudarse más para financiar su operación. Pero esa deuda ahora es más cara. Entre febrero y marzo, las tasas de interés de los títulos públicos (conocidos como TES) subieron en 80 puntos básicos, es decir, los inversionistas están pidiendo más rentabilidad a cambio de prestarle dinero al Estado.
El aumento ha sido más fuerte en los bonos de largo plazo, una señal de que el mercado percibe mayor riesgo fiscal hacia adelante. De hecho, el costo de asegurar la deuda colombiana frente a impagos —medido por el Credit Default Swap (CDS)— ha subido más rápido que en otros países de América Latina.
El CARF advirtió en un pronunciamiento la necesidad “de adoptar, de manera oportuna, las acciones que conduzcan al ajuste necesario, por el lado de los ingresos o del gasto, que aseguren el cumplimiento de la regla fiscal este año”.