La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al presidente Gustavo Petro no usar las obras públicas como presión política tras la caída de la consulta popular en el Congreso.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de condicionar la ejecución de obras públicas en su departamento por motivos políticos, tras el hundimiento de una consulta popular promovida por el Gobierno en el Congreso.
En una carta abierta difundida el domingo, Toro instó al Ejecutivo a avanzar con seis proyectos prioritarios para la región, entre ellos el Tren de Cercanías, el acueducto de Buenaventura y la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y rechazó lo que calificó como “retaliaciones” tras la decisión del Senado de archivar la iniciativa.
“Los proyectos y obras son de los ciudadanos, no de los gobiernos. Lo invito, señor Presidente, a actuar como estadista y no con retaliaciones”, escribió Toro en el documento, publicado días después de que la revista Cambio revelara un mensaje atribuido al ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que supuestamente solicitaba al presidente frenar la inversión pública en el departamento.
La polémica escaló luego de una publicación en la red social X (antes Twitter) en la que Petro responsabilizó a Toro de debilitar el respaldo a la consulta dentro del Partido de la U, al que ella perteneció. “La actitud anticonsulta de la gobernadora del Valle partió las aguas (…) el mundo laboral vallecaucano se queda sin gobernadora”, escribió el mandatario.
Toro respondió que no tiene competencia legislativa y que la decisión del Senado de archivar la consulta responde a la autonomía del Congreso. También defendió la ponencia presentada por el Partido de la U para avanzar en una versión mejorada de la reforma laboral.
El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev) expresó su rechazo a cualquier intento de condicionar el desarrollo regional por razones políticas. “Frenar obras o excluir a un departamento como mecanismo de castigo colectivo es inaceptable y atenta contra los principios de equidad territorial”, dijo el gremio en un comunicado.