Insuficiencia de recursos, falta de medicamentos, aumento en el número de quejas, reclamos y tutelas configuran un complejo panorama en la peor crisis del sistema en los últimos 30 años.
Sergio Isaac Garcés Carabalí, un pensionado de de 72 años, es uno de los cientos personas que en marzo protagonizó bloqueos en las vías de Cali protestado por la no entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS, la más grande del país con 11,4 millones de afiliados y que se encuentra intervenida por el gobierno desde mediados de 2024.
“Estamos bloqueando las vías porque no nos entregan los medicamentos ni nos atienden, aunque llegamos desde las 4 de la mañana”, dijo Garcés que padece diabetes, lo que lo obliga a comprar insulina, un medicamento de alto costo y que últimamente ha escaseado.
“Soy un pensionado, me pagan un millón y pico de pesos y desde febrero no nos entregan la medicina”, complementó. Su situación es insostenible, dado que también se ha visto obligado a comprar otro costoso medicamento para el lupus que padece su hija. “Es culpa del gobierno, que dice que va a transformar la salud pero mire las colas, más de 4.000 personas”.
Luego de más de tres décadas de avances significativos, el sistema de salud se encuentra en una crisis sin precedentes. Las protestas de los pacientes que no reciben sus medicamentos ocurren todos los días. Mientras ex ministros, asociaciones de pacientes, los principales gremios del sector y las asociaciones científicas atribuyen la crisis a la insuficiencia de recursos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, el Gobierno, que tiene intervenidas 8 EPS y maneja la salud del 30 millones de los colombianos por esa vía, de un total de 53 millones de afiliados, la atribuye a una supuesta corrupción y las deficiencias del sistema.
Aunque el pasado 8 de enero la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de la UPC y la insuficiencia de la fijada en 2024, el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha resistido a obedecer la decisión e incluso la impugnó. A regañadientes aceptó participar en una mesa técnica para discutir la situación con otros actores del sistema, aunque la Corte ordenó la suspensión de las sesiones por “falencias en la convocatoria y desarrollo de las sesiones de trabajo, que podrían afectar el principio de participación efectiva en salud”.
La UPC es el valor que se asigna a cada afiliado al sistema de salud que este año es de $1,521,489,equivalente a un valor diario de $4.226.36. luego de un incremento del 5.36% decretado por el Gobierno. Este valor se transfiere a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) para que se encarguen de la salud de los afiliados.
En su decisión, la Corte señaló que el Ministerio de Salud no ha avanzado en la superación de las fallas identificadas en el sistema de información al interior del sistema de salud detectadas desde el Auto 411 de 2016, las cuales impiden calcular una UPC suficiente.
La determinación del alto tribunal tiene profundas implicaciones, ya que en la demanda contra Colombia por la intervención de su EPS, Sanitas argumentó la insuficiencia de la UPC.
El Gobierno no solo ha desafiado el auto de la Corte, sino que condiciona la solución de los graves problemas del sistema a la aprobación de una reforma a la salud que fue hundida en la Comisión VII del Senado, tras su aprobación en la Cámara.
En respuesta a la decisión del Senado de hundir la consulta popular, el presidente, Gustavo Petro, anunció que el gobierno volverá a presentar la consulta popular con otra pregunta adicional en salud. Antes, Petro había anunciado que reformas a la salud se implementarán bajo las leyes actuales y no esperará al Congreso, aunque nadie sabe cómo ocurrirá esto.
“Estas reformas tienen que implementarse de inmediato, no vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión”, dijo el mandatario luego de la visita que hizo, junto al ministro de Salud al Centro de Salud Once de Noviembre en Los Patios (Norte de Santander).
En su intervención, Petro se refirió a la situación de las EPS que, según dijo, tienen problemas porque son aseguradoras financieras, razón por la cual las invitó a “que no sigan en ese problema y se convierten en gestores farmacéuticos, les daremos unas misiones, se le pagará por ello, no lo vamos a robar nosotros, pero no tendrán ya la función de intermediar los recursos de la salud que son públicos y son del pueblo colombiano”.
El pasado 25 de marzo, en un Consejo de Ministros emitido por televisión Jaramillo, titular de la cartera de Salud, dijo que lo que ha hecho el Gobierno es incrementar el presupuesto del sector.
“Se evidencia un crecimiento del 27,5 % en el primer año de su Gobierno, del 14,4 % en el segundo año y del 9,2 % en este año (2025)”, afirmó. En su intervención, Jaramillo también aseveró que “la UPC se ha aumentado como nunca antes, siempre por encima de la inflación”.
Sin embargo, sí dijo que tienen en “cuidados intensivos” a las EPS para que se apruebe la reforma en una intervención el pasado 12 de mayo, durante una audiencia pública sobre la reforma a la salud.
El apagón financiero del sistema
Pero esas afirmaciones contrastan con la realidad que viven a diario los pacientes.
Todos por la Salud, un movimiento ciudadano independiente de usuarios del sistema, dijo que la consulta busca desviar la atención de la profunda crisis que ha llevado a más de 1,7 millones de quejas dentro del sistema de salud.
“Esta es solo una cortina de humo que busca politizar la crisis, sin reconocerla, pues ninguna de las preguntas implica una decisión encaminada a resolverla. Además de onerosas, las consultas populares no producen soluciones ni decisiones, solo las dilatan”, dijo el movimiento.
En 2024, las tutelas radicadas por vulneración al derecho a la salud alcanzaron las 903 mil, lo que equivale a un incremento del 27% respecto a 2023. Por su parte, para enero de 2025 las quejas y reclamos relacionadas con servicios de salud crecieron un 55,1% frente a enero de 2023.
Según Anif, el sistema de salud colombiano enfrenta un déficit que supera los 19,8 billones de pesos acumulados en los últimos tres años, con 9,9 billones correspondientes solo a 2024, evidenciando una crisis financiera que afecta su sostenibilidad.
Alejandro Gaviria, quien debió enfrentar una crisis del sistema entre 2012 y 2018 como titular de la cartera, explica que aunque “no hay una solución definitiva a los problemas de los sistemas de salud”, hasta hace unos años había una ruta clara y una idea de un futuro posible que hoy no existe.
Para enfrentar la crisis de entonces, fue creada la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, como una especie de tesorería centralizada, que reemplazó al Fosyga, y se regularon los precios de muchos medicamentos, lo que generó ahorros por $1 billón anuales. Además, se adoptaron políticas farmacéuticas sobre la aprobación de biosimilares y un medicamento contra la leucemia crónica fue declarado como de interés público.
“Eso ayudó a recuperar la legitimidad y la estabilidad financiera del sector”, dijo el ex ministro en un conversatorio con pacientes y médicos en el que destacó que la acumulación de déficit es destructiva para cualquier sistema de seguridad social.
“Los sistemas de salud no se quiebran, se ajustan en contra de la gente”, dijo Gaviria y señaló que la salud no es como una empresa que se quiebra y la cierran. “Cuando tiene déficit insostenibles que se salen de control adquieren una dimensión inmanejable y llega el sufrimiento humano. Estamos en ese momento”.
En un crudo diagnóstico dijo que le preocupa el deterioro de la confianza de los actores del sistema en el regulador, una alianza público-privada exitosa que data de la reforma de 1993.
“Estamos en el peor momento en cuanto a confianza de los agentes del sistema. Tenemos una crisis de confianza que se suma a los problemas financieros heredados”, señaló y explicó que la recuperación del sistema será una pesada herencia del actual Gobierno y que tomará varios años.
Tanto es así, que EPS Sura y Compensar pidieron el desmonte progresivo de sus EPS, lo que no fue aceptado por la Superintendencia de Salud.
En la última asamblea del Grupo Sura, Ricardo Jaramillo, presidente del conglomerado, reiteró la voluntad de desmontar la EPS porque en las condiciones actuales no es sostenible.
“La mejor alternativa que vemos es un plan de desmonte progresivo donde los más de 5,3 millones de afiliados pasen a otras EPS”, explicó el directivo y señaló que el sistema enfrenta problemas estructurales: una deficiencia en la tarifa y una cobertura ilimitada en los servicios.
“Estamos haciendo un mercado que vale $103 pero tenemos $100”, describió gráficamente Jaramillo ante los accionistas minoritarios del Grupo, muchos de ellos adultos mayores y afiliados a EPS Sura.
“Subir la UPC no es la única solución. En Colombia la salud es un derecho fundamental según la Constitución, pero pocos países tienen esa condición. Y eso lleva a que tengamos más coberturas de las que posiblemente da la capacidad económica del país”, señaló. “Es una discusión de país, en qué vamos a invertir los recursos teniendo en cuenta que después de la pandemia el gasto en salud aumentó por muchas razones”.
Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina integral, Acemi, los recursos que entrega el gobierno a las EPS (UPC) no son suficientes y en promedio por cada 100 pesos el sistema consume 107, de los cuales el 25% está representado en gasto de medicamentos.
En un hilo en su cuenta de X, Ana María Vesga, presidente del gremio, señaló que hay otros recursos que se destinan exclusivamente a medicamentos (Presupuestos Máximos), que hace mucho tiempo no se reciben con oportunidad y que acumulan deudas billonarias del Estado con las EPS.
“Lo dijo la Corte hace unos días al declarar el desacato de Minsalud por no pagar a las EPS más de 800 mil millones que les debe desde 2022”.
En respuesta a los señalamientos del Ministerio, dijo: “los argumentos siguen siendo los mismos: corrupción, ineficiencia, dónde está la plata…”. Explicó además que la solución a los problema del sistema pasa por hablar con sinceridad sobre lo que ha pasado con la presupuestación y destinación de los recursos del aseguramiento, de lo que ha pasado con la intervención de las EPS, de lo que viven diariamente miles de colombianos que antes tenían atención en salud y hoy, los que pueden la pagan de su bolsillo, los que no mueren o ven deteriorar su salud y la de sus familiares.
Luego de la primera reunión de la mesa técnica ordenada por la Corte, Vesga reiteró que es fundamental revisar el cálculo de la UPC desde 2021 y proponer una metodología actualizada que contemple revisiones periódicas y ajustes ex post a la UPC, a fin de garantizar su suficiencia y evitar el desfinanciamiento acumulado que presenta el sistema.
Sobre la escasez de medicamentos, Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, coincidió con Vesga y dijo que no hay desabastecimiento sino problemas de distribución por la insuficiencia de recursos del sistema.
“La data desvirtúa la tesis de que no hay medicamentos disponibles o que los laboratorios no los están poniendo a disposición”, explica Gaitán a Forbes. “Lo que sí está claramente detenido es el flujo de recursos a partir de las EPS y con base en ese flujo no se despachan los medicamentos”.
Según Gaitán, cinco años después de la pandemia la industria farmacéutica sigue entregando medicamentos para enfermedades de alta complejidad, pero el país enfrenta un punto de inflexión y ya se está afectando la vida de las personas.
El directivo también explicó que ha habido problemas de congestión en los trámites ante el Invima para nuevos registros, aunque están trabajando en un programa para agilizarlos.
“El desabastecimiento de medicamentos en Colombia no se debe a falta de producción, sino a problemas en el flujo de recursos. Es fundamental evaluar la suficiencia de la UPC para asegurar una distribución eficiente y optimizar el manejo financiero del sistema de salud”, subrayó por su parte Clara Isabel Rodríguez Serrano, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, ASCIF.
¿Estamos frente a una crisis inducida del sistema de salud?, se preguntaba un análisis de Anif. Aunque el gobierno lo niegue, parece haber optado por esa vía para sacar adelante una reforma controversial que parece buscar devolver el reloj de la historia a los tiempos del ISS cuando el derecho a la salud era el privilegio de unos pocos.