David Racero, congresista cercano a Petro, enfrenta acusaciones por explotación laboral y clientelismo

David Racero, representante a la Cámara por Bogotá (Pacto Histórico) y uno de los congresistas más visibles del movimiento progresista que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial tras la filtración de audios comprometedores que lo muestran negociando favores burocráticos y discutiendo la contratación de una empleada bajo condiciones laborales ilegales en su negocio privado.

Las grabaciones, reveladas por el periodista Daniel Coronell en W Radio y en Los Danieles, incluyen intercambios entre Racero y altos funcionarios del gobierno, así como instrucciones explícitas sobre cómo contratar a una trabajadora en su fruver, un pequeño mercado de frutas y verduras, por un salario inferior al mínimo legal, sin prestaciones y con jornadas que duplican el límite permitido por ley.

“Un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada”, se escucha decir a Racero en un mensaje de voz en el que detalla una jornada de 13 horas diarias, seis días a la semana. La legislación laboral colombiana establece un máximo de 48 horas semanales y exige el pago de prestaciones sociales a todo trabajador formal.

El escándalo golpea directamente al corazón del proyecto político de Petro, cuya reforma laboral —orientada a mejorar las condiciones de empleo— la están intentando revivir en el Congreso. Racero, expresidente de la Cámara de Representantes, ha sido una de las voces más férreas en defensa de dicha reforma. En discursos públicos ha acusado a sus opositores de impedir avances esenciales para los trabajadores y ha llamado a movilizaciones sociales para presionar su aprobación.

Sin embargo, los audios contradicen ese discurso. En otra grabación, Racero discute con el exdirector del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Londoño, una posible manipulación de nombramientos en centros de formación. “La idea es colocar encargado esos cargos, sacar los que están en ese momento y poner los nuestros”, afirma el congresista. La Procuraduría colombiana ha abierto una indagación disciplinaria sobre este caso.

Más grave aún, Coronell divulgó esta semana una conversación entre Racero y Stalin Ballesteros, entonces director de la agencia gubernamental de contratación Colombia Compra Eficiente. En ella, Racero propone un intercambio de cargos: ofrecer una subdirección en esa entidad a cambio de una vicepresidencia en la aseguradora estatal Positiva. Ballesteros expresa sus reservas. “Esa subdirección vale mucho”, responde. “Todos los favores de todas las entidades” pasan por ella.

La indignación ha llegado hasta el Palacio de Nariño. Sin mencionar directamente a Racero, el presidente Petro publicó en su cuenta de X un mensaje en el que condena la explotación laboral y advierte que su movimiento no tolerará “jugaditas” ni traiciones a los ideales progresistas. “Un movimiento de izquierda no puede usar la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, ni hacer leyes para explotar más a las y los trabajadores”, escribió el mandatario. Añadió que quienes no se adhieran a los principios de justicia social y libertad “no deben estar con nosotros”.

Racero, por su parte, se ha defendido afirmando que es víctima de un “linchamiento mediático” coordinado. Asegura que la grabación fue obtenida de forma ilegal y que el emprendimiento familiar en cuestión fue liquidado en 2020, en plena pandemia. “Conmigo se puede intentar todo”, escribió en un comunicado. “Pero las reformas van”.

Sin embargo, sus explicaciones han generado más preguntas que respuestas. No aclara si la contratación de la trabajadora llegó a concretarse ni si las condiciones fueron modificadas. Su defensa ha girado en torno a la posible vulneración de su privacidad y a una supuesta manipulación política para desacreditar la reforma laboral.

La polémica ocurre en un momento de creciente escepticismo sobre la capacidad del Gobierno para implementar sus promesas de transformación social. La corrupción dentro del propio movimiento oficialista, como el reciente escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha debilitado la credibilidad del Pacto Histórico, la coalición de Petro.

“Esto no se trata solo de un congresista”, escribió Coronell. “Se trata de si estamos dispuestos a aceptar que quienes promueven cambios en nombre de los trabajadores, se comporten como sus peores explotadores cuando nadie los mira”.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación preliminar contra Racero, que podría escalar a cargos penales.