D1 nació en 2009 en Medellín, pero hoy es propiedad de Koba International Group, de Panamá, cuyo principal accionista es el grupo Valorem, controlado por la familia Santo Domingo, una de las más ricas de Colombia.
Mediante un comunicado oficial, Tiendas D1 señalò que cumple a cabalidad con la legislación en materia laboral y reiteró su compromiso con el bienestar de sus empleados, luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenara una investigación por supuesta explotación laboral.
“Procedo de inmediato a aperturar investigación sobre este caso”, escribió Sanguino en su cuenta de X, donde agregó que “sería de suma gravedad” que los supermercados D1 “sometan a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral”.
Las declaraciones del ministro llegaron después de que el canal de televisión público Señal Colombia difundiera un reportaje sobre la situación de los trabajadores de esta cadena de supermercados de precios bajos, que cuenta con más de 24.000 empleados y 2.500 tiendas distribuidas en 31 departamentos del país, según datos de la compañía.
“Nuestra compañía cumple con toda la normatividad legal en Colombia y mantiene un firme compromiso con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus más de 24.600 empleados directos con contrato laboral a término indefinido, en todo el territorio nacional”, explicó la cadena.
El reportaje destapó el caso de un cajero de D1 asesinado en un atraco y reveló testimonios de trabajadores que denunciaron jornadas de entre 10 y 12 horas diarias sin cobrar las horas extras.
D1 nació en 2009 en Medellín, pero hoy es propiedad de Koba International Group, de Panamá, cuyo principal accionista es el grupo Valorem, controlado por la familia Santo Domingo, una de las más ricas de Colombia.
Según el ministro Sanguino, D1 cerró 2024 con utilidades de 373.000 millones de pesos (unos 90 millones de dólares), un monto que “equivale a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes”. Eso son unos 400 dólares mensuales.
Este caso y la reacción del titular de Trabajo se dan en medio de las crecientes tensiones entre el Gobierno y el Congreso colombianos sobre una reforma laboral que planteó el presidente izquierdista, Gustavo Petro.
Forbes Staff y EFE