Sector privado dice que la convocatoria no solo deslegitima el trabajo del Congreso —que aún se encuentra tramitando la reforma laboral— sino que también debilita los pesos y contrapesos fundamentales de un Estado democrático.
El reciente decreto presidencial que convoca a una consulta popular ha encendido las alarmas entre diversos sectores del país, particularmente en el Consejo Gremial Nacional (CGN), que calificó la medida como abiertamente inconstitucional.
Según este organismo, la decisión del presidente de la República Gustavo Petro de avanzar con un mecanismo de participación directa, a pesar de haber sido rechazado previamente por el Senado, representa una vulneración clara del principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política.
El CGN advirtió que la convocatoria no solo deslegitima el trabajo del Congreso —que aún se encuentra tramitando la reforma laboral— sino que también debilita los pesos y contrapesos fundamentales de un Estado democrático. Esta intervención del Ejecutivo, según el gremio, establece un peligroso precedente de concentración del poder y pone en riesgo la estabilidad institucional del país.
El pronunciamiento del Consejo se da en un contexto de aguda polarización política y social. Mientras el país enfrenta graves desafíos como la suspensión de la regla fiscal, que genera incertidumbre sobre los límites presupuestales del Gobierno, y un creciente deterioro de la seguridad pública, la iniciativa presidencial es percibida como un acto de confrontación que socava aún más la unidad nacional.
Además del trasfondo legal y político, la preocupación del sector empresarial se orienta hacia las consecuencias prácticas de este tipo de decisiones. Una consulta popular de esta magnitud en medio de un ambiente de inestabilidad puede generar desconfianza en los mercados, ahuyentar la inversión privada y ralentizar la recuperación económica en sectores ya golpeados por la inflación y la inseguridad.
Por ello, el CGN hizo un llamado a preservar el orden jurídico y a respetar los canales institucionales establecidos, recordando que son las cortes constitucionales las llamadas a evaluar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Al mismo tiempo, instaron al Presidente a ejercer un liderazgo que priorice el respeto por la ley, el diálogo democrático y la inclusión de voces diversas en la toma de decisiones.