La parte más controversial de la iniciativa haría que los estratos 4, 5 y 6 paguen la deuda de la Opción Tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 que asciende a $2,5 billones.
El Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Edwin Palma, tiene listo el borrador de un proyecto de ley que plantea ajustes en los subsidios de estratos 1, 2 y 3, propone medidas para disminuir los costos de la energía a los usuarios y modificaciones en la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
La parte más controversial de la iniciativa haría que los estratos 4, 5 y 6 pagaran la deuda de la Opción Tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 de la Costa Caribe que asciende a $2,5 billones.
La Opción Tarifaria fue un mecanismo regulatorio usado durante la pandemia para moderar el incremento en las tarifas de energía y facilitar a los usuarios el pago de sus facturas. Sin embargo, su aplicación generó una abultada deuda que no ha sido pagada por los usuarios de la Costa.
En Colombia, los hogares de estratos 1, 2 y 3 reciben un subsidio que cubre una parte de su consumo de energía y se financia con los aportes de los estratos 5 y 6 y los recursos del Presupuesto General de la Nación.
Estrato 1: recibe hasta el 60% de descuento en la tarifa.
Estrato 2: recibe hasta el 50% de descuento en la tarifa.
Estrato 3: recibe el 15% de descuento en la tarifa.
Las personas que viven en estrato 4 pagan la tarifa plena, es decir, no tienen subsidio, y aquellos en los estratos 5 y 6 contribuyen pagando un 20% adicional sobre su consumo de energía.
En respuesta a la iniciativa, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que las leyes no son para bajar las tarifas ni intervenir precios, en un mercado que ha operado bien y evitado que el país se apague, como a comienzos de los 90, gracias a la inversión del sector privado.
“La probabilidad de que pase un proyecto de ley en el último año de un gobierno es cero”, dijo Sánchez al criticar la intención del Gobierno de quitarle atribuciones a los expertos de la Creg.
“No los nombran y ahora les quieren quitar estatus a quienes ya están allí, eso no tiene sentido”, agregó y señaló que las empresas de servicios públicos están a favor de actualizar la Ley de Servicios Públicos, aunque -insistió- las leyes no son para bajar tarifas a las malas.
“Tenemos un país dividido y si no somos capaces de construir soluciones, vamos a terminar mal. Sin los privados el país se habría apagado”, explicó.
Sánchez reiteró que los subsidios no son para enriquecer a las empresas y que cada mes que pasa la deuda en el caso de la energía aumenta en $300.000 millones (por el no pago de los subsidios) y en el caso del gas la cifra es de $100.000 millones.
“Tenemos que evitar el apagón financiero de las empresas. Los gremios no somos oposición, pero nuestra labor no es echarle flores al Gobierno”, señaló el también presidente del Consejo Gremial, que reúne a 33 organizaciones gremiales.