En su decisión de hoy, la Corte dejó sin efecto dos resoluciones de la Supersalud. Una emitida el 2 de abril de 2024, en la que "ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. por el término de un año, así como la intervención forzosa para ejercer la administración de dicha EPS".

La Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto la decisión de la Superintendencia de Salud (Supersalud) que había ordenado, corregido y prorrogado la intervención del Gobierno sobre la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas y sus bienes, informó este jueves el alto tribunal.

La Supersalud prorrogó en abril pasado por un año la intervención administrativa a la EPS Sanitas, del grupo de origen español Keralty, debido a sus problemas financieros y de atención a sus afiliados.

En esa ocasión la entidad gubernamental dijo que en Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia, “persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios”.

La empresa fue intervenida el 2 de abril de 2024 por insolvencia, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.

En su decisión de hoy, la Corte dejó sin efecto dos resoluciones de la Supersalud. Una emitida el 2 de abril de 2024, en la que “ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. por el término de un año, así como la intervención forzosa para ejercer la administración de dicha EPS”.

La segunda, una resolución de abril de este año, “mediante la cual se prorrogó dicha medida de intervención por un año”.

La decisión de la Corte responde a una acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por la Clínica Colsanitas S.A. y otros contra la Superintendencia Nacional de Salud.

Instancias internacionales

El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, recurrió en enero de este año a “instancias internacionales” para solucionar esa disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios.

Los accionistas del grupo Keralty señalaron que las medidas tomadas por el Gobierno “constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana en general”.

Por esa razón, y ante las dificultades para llegar a una “resolución amistosa” de la disputa, el grupo empresarial —que en abril de 2024 ya había presentado una denuncia penal contra el entonces superintendente de salud colombiano, Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno en Sanitas— llevó el caso a la esfera internacional.

Keralty no dio detalles de esta demanda, pero trascendió que los accionistas la presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que la intervención vulnera el acuerdo para la protección recíproca de inversiones existente entre España y Colombia.

Por esa razón, los accionistas de Keralty, que son Centauro Capital (61 %) y Natanor XXI (39 %), reclaman al Estado colombiano 1.200 millones de dólares.

Cuando la Superintendencia de Salud ordenó la intervención por un periodo de un año de Sanitas, alegando supuesta insolvencia de la empresa, esta tenía una deuda de unos 471 millones de dólares.

El Gobierno colombiano, que intenta sacar adelante una cuestionada reforma a la salud, ha intervenido varias EPS con el argumento de que tienen problemas financieros y no están cumpliendo con sus compromisos de atención a los usuarios.

Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.

*Con información de EFE.

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