La situación es más crítica en las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, que no cumplen los requisitos de solvencia.
La Contraloría General de la República reveló un panorama alarmante sobre la situación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que compromete gravemente la sostenibilidad del sistema de salud colombiano y el acceso efectivo a los servicios. Con corte a diciembre de 2024, la deuda acumulada de las EPS alcanzó los $32,9 billones, y solo 6 de las 29 EPS activas cumplen con los requisitos financieros básicos.
Estas seis EPS cubren apenas al 10,9% de los afiliados, mientras que el 89,1% restante está vinculado a entidades que incumplen al menos uno de los indicadores de habilitación: capital mínimo, patrimonio adecuado o reservas técnicas.
La situación es más crítica en las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, que no cumplen los requisitos de solvencia.
Adicionalmente, las deudas con operadores farmacéuticos ascienden a $2,8 billones, afectando el acceso a medicamentos. La Nueva EPS, que atiende a más de 11,5 millones de usuarios, no ha presentado estados financieros actualizados y mantiene un patrimonio negativo.
La siniestralidad promedio del sistema llegó al 110,1% en 2024, lo que significa que los costos en salud superan los ingresos. Las medidas de intervención han resultado ineficaces y las PQR aumentaron un 23,2%, con más de 1,6 millones de reclamos, mientras las tutelas por servicios de salud crecieron un 35%.
El 91% de las PQR se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS concentró el 22% del total.
Se presentaron 175.025 tutelas en 2024 por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que si no se toman decisiones estructurales inmediatas, millones de colombianos podrían ver aún más comprometido su derecho a la salud. La Contraloría reafirma su compromiso con el control fiscal y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La siniestralidad promedio en 2024 fue del 110,1%, lo que indica que los costos en salud superan los ingresos por UPC. La más baja fue del 87% (Cajacopi Atlántico) y la más alta del 131% (Ferrocarriles Nacionales).