La nueva fase de la Ley 2101 ya rige en el país. La medida no afecta el salario, pero podría aumentar los costos de contratación hasta en 6 %. Sectores como retail y transporte serían los más impactados.
Desde este 15 de julio de 2025 comenzó a regir en Colombia una nueva etapa de la reducción progresiva de la jornada laboral, en cumplimiento de la Ley 2101 de 2021. Con esta medida, la jornada ordinaria máxima pasa de 46 a 44 horas semanales, sin afectar el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores del sector privado.
La ley, sancionada en 2021, modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y estableció un cronograma de aplicación escalonada. En julio de 2023 la jornada se redujo a 47 horas, en 2024 a 46, y ahora a 44. Para el 15 de julio de 2026 se completará la transición con un límite legal de 42 horas semanales.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha reiterado que esta reducción no implica una disminución en la remuneración. Incluso, los empleadores pueden adoptarla de manera anticipada sin que ello represente una afectación legal o económica adicional. El cambio busca armonizar la legislación laboral colombiana con estándares internacionales.
La medida aplica únicamente para trabajadores del sector privado con contrato laboral regido por el Código Sustantivo del Trabajo. No cobija a servidores públicos, salvo aquellos vinculados a empresas del Estado bajo el mismo régimen. También se excluyen trabajadores con jornadas especiales, como menores de edad con contrato autorizado.
Uno de los principales ajustes que deben asumir las empresas es el incremento en el valor de la hora ordinaria. Al mantenerse el salario mensual, pero reducirse el tiempo de trabajo, los empleadores deberán recalcular los pagos por horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, sin alterar derechos adquiridos.
Menciona el Chief Economist del Banco de Occidente, David Cubides, que esta reducción horaria sí puede generar un aumento en los costos de contratación, especialmente en sectores con alta demanda de personal operativo. “Efectivamente puede generarse un costo adicional, porque son las mismas personas trabajando menos tiempo. Se ha estimado un incremento cercano al 6 % en los costos de contratación”, explicó, al referirse a rubros como el comercio, el transporte o la manufactura.
Sin embargo, Cubides comenta que el impacto no debería representar una sorpresa para el mercado. “Es una medida que ya había sido anunciada con anticipación, por lo tanto, su efecto ya estaría incorporado en los precios. Si uno piensa en compañías que están listadas, ese cambio ya estaría asumido por los inversionistas”
Aun así, los sectores más intensivos en mano de obra podrían ser los más expuestos a este ajuste, sobre todo si no logran compensar la reducción con mejoras en productividad. En ese escenario, algunas empresas podrían verse obligadas a reconfigurar turnos, acelerar procesos de automatización o asumir mayores cargas operativas para mantener sus márgenes.
Desde el Gobierno, la reforma se defiende como una apuesta no solo por la eficiencia, sino también por el bienestar laboral. Según cifras del Ministerio del Trabajo, más de 9 millones de trabajadores formales podrían beneficiarse de la medida. El Ejecutivo espera que la reducción de la jornada impacte de forma positiva en la calidad de vida, el clima organizacional y la capacidad de las empresas para atraer y retener talento en un entorno laboral más competitivo.
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