Según los principales gremios del sector de telecomunicaciones en Colombia, el crecimiento del tráfico y la falta de regulación a las grandes plataformas digitales ponen en riesgo la sostenibilidad del ecosistema de conectividad en el país.

Las principales asociaciones del sector de telecomunicaciones en Colombia (GSMA, Andesco, Asomóvil, Asotic y Asiet) pidieron este martes al Gobierno nacional y al Congreso establecer reglas claras y justas sobre el uso de las redes digitales, en medio de un panorama financiero que consideran insostenible para los operadores.

En una carta enviada a autoridades como el Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Departamento Nacional de Planeación, los gremios alertaron que, aunque las empresas han invertido más de 55 billones de pesos en los últimos siete años en infraestructura, persisten brechas de conectividad, especialmente en zonas rurales.

Actualmente, Colombia tiene una cobertura de internet del 79 % y se ubica entre los 50 países con mejor acceso a nivel mundial. Sin embargo, para alcanzar la meta del 95 %, se requerirían inversiones adicionales por cerca de US$4.500 millones, según la GSMA.

El problema, explican los firmantes, es que el ingreso promedio por usuario ha caído cerca del 70 % en la última década, mientras que el tráfico de datos sigue creciendo. Solo tres plataformas digitales (Meta, dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp; Alphabet, dueña de Google y YouTube, y TikTok) concentran el 67 % del tráfico, pero no pagan por el uso de las redes ni están sujetas a la regulación local para alojar su infraestructura, lo que, según los gremios, genera una “falla estructural de mercado”.

“Es momento de establecer reglas claras y justas sobre el uso de las redes”, señala la carta, en la que se propone avanzar hacia un modelo en el que los grandes generadores de tráfico asuman parte de los costos, como ya ocurre en países como Corea del Sur.

Los gremios advierten que, de no corregirse esta situación, podría deteriorarse aún más la capacidad de los operadores para invertir en redes, lo que impactaría directamente a millones de colombianos que dependen de la conectividad para trabajar, estudiar y acceder a servicios de salud.

“Regular el uso justo de las redes no es solo una medida económica. Es una decisión política y social que impacta el derecho a la conectividad, la equidad territorial, la democracia y el futuro digital de todos los colombianos”, concluye el documento.