La jueza Sandra Liliana Heredia concluyó que el expresidente intentó manipular el curso de la justicia mediante ofrecimientos a testigos a través de su abogado Diego Cadena.
La justicia colombiana declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Tras casi diez horas de lectura del fallo, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, concluyó que el expresidente intentó manipular el curso de la justicia mediante ofrecimientos a testigos a través de su abogado Diego Cadena.
La jueza Heredia declaró que la pena para estos delitos está establecida entre 4 y 8 años de cárcel, aunque la prisión domiciliaria aún es una posibilidad.
La decisión se basa en las pruebas que demostraron que Álvaro Uribe Vélez, a través de su abogado y cómplice, buscó alterar testimonios de exparamilitares que lo relacionaban con estas estructuras al margen de la ley. Según el expediente, Cadena ofreció beneficios a cambio de retractaciones, valiéndose de cartas, grabaciones e intermediarios, todo bajo conocimiento del expresidente.
El juicio comenzó en marzo de 2024, tras años de intentos por cerrar el caso. En total, se realizaron 67 audiencias y declararon 107 testigos. La Fiscalía presentó el caso como una operación articulada para interferir en decisiones judiciales, mientras que la defensa alegó que los hechos fueron acciones personales del abogado y que Uribe nunca ordenó, conoció ni avaló pagos a testigos.
En su intervención, la jueza reconoció la presión mediática en torno al caso, pero enfatizó que el análisis se basó únicamente en las evidencias y que se respetaron todas las garantías procesales.
Desde el inicio, la defensa liderada por Jaime Granados y Jaime Lombana, calificó el proceso como una persecución judicial y negó responsabilidad alguna del exmandatario. Alegaron que las supuestas dádivas fueron ayudas humanitarias, no sobornos, y que Uribe ha comparecido ante la justicia como cualquier ciudadano.
Este caso tiene implicaciones políticas de fondo. A menos de un año de las elecciones presidenciales, el fallo afecta directamente al uribismo y reaviva el debate sobre la independencia judicial, el uso estratégico de los medios y los límites del litigio penal en Colombia.
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