Ana María Vesga, presidente de Acemi, dijo que el modelo de atención en salud firmado por Decreto modifica la organización del sistema, desdibuja el rol de las EPS, no mejora los problemas de los pacientes y tiene vicios de legalidad.

El Ministerio de Salud expidió el Decreto 0858 que, según los críticos, reglamenta sin aprobación del Congreso la reforma a la salud y cuya implementación debería ocurrir en los próximos seis meses. 

“Lo cierto es que si las EPS se transforman en gestoras administradoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, se salvan; pero si se mantienen como aseguradoras financieras se quiebran, porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no tienen”, señaló el presidente, Gustavo Petro en su cuenta de la red social X. 

Petro dijo que con el decreto están salvando a las EPS y las invitó a dar el paso y convertirse en gestoras del sistema. “Podrán poner puestos de salud y nos organizaremos con el sistema público, territorialmente”, agregó. 

Ana María Vesga, presidente de Acemi, el gremio de las EPS, dijo que el decreto que se conoció ya se había anunciado en abril y que este mismo “transforma, de manera esencial, el modelo de atención e incluye, sí, muchos de los cambios que estaban previstos a través de la reforma por vía legal”.

En declaraciones a W radio subrayó: “En su momento, advertimos que muchos de esos cambios eran de rango de ley, que no podían modificarse por decreto. Se hicieron esos comentarios con oportunidad por diferentes voces. Comentarios que, como ya nos han acostumbrado, se han desatendido y que en esta ocasión salen vía decreto”.

Explicó que el problema no es “solamente del manejo de los recursos, se trata esencialmente de responsabilidades que tienen hoy las EPS de cara a la población y que, en esta oportunidad, se van a asignar a diferentes entidades: los entes territoriales y los centros de atención primaria. Repito, eliminándole funciones a las EPS”.

Agamenón Quintero, Presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas que agrupa a más de 70 especialidades médicas, dijo que el decreto deja en la incertidumbre a todos los actores del sistema, en especial a los pacientes y al talento humano. 

“Estamos revisando la constitucionalidad y la legalidad de este decreto. No tiene sentido que el Gobierno presente un proyecto de reforma a la salud en el Congreso y de la nada expida la reforma a través de un decreto que no soluciona la crisis”, agregó. 

Andrés Vecino, un médico colombiano y profesor de Johns Hopkins, dijo que son 30 páginas con mucho contenido que aunque suena bien, es irrelevante en algunos aspectos, dañinas en otros porque las condiciones para implementarlo no existen.

“No hay plata para pagar pues cuesta una reforma tributaria entera según cálculos de la senadora Norma Hurtado. No hay tiempo. La implementación se espera que ocurra en 6 meses. Justo finaliza alrededor del inicio de la ley de garantías”, agregó y subrayó que promueve los mismos vicios de la reforma: mayor ineficiencia en el gasto, subordina a las IPS a pertenecer a una red habilitada por el Minsalud y finaliza la desaparición de la función de aseguramiento al universalizar el giro directo.