Tribunal rechaza bloquear Uber, Didi y Cabify y pide al Gobierno avanzar en regulación del transporte por apps.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó una acción popular que solicitaba el bloqueo de plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify, en una decisión de primera instancia que representa un espaldarazo al sector de la movilidad digital en Colombia.
La demanda fue interpuesta por Hugo Alberto Ospina, líder de uno de los gremios de taxistas, con el argumento de que estas aplicaciones operaban de forma ilegal, afectando derechos colectivos como la moralidad administrativa y la seguridad pública. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existían fundamentos legales para ordenar su suspensión.
“La acción popular está destinada a proteger derechos colectivos del público en general, no intereses económicos de un gremio particular”, dictaminó la corte.
La sentencia también reconoció que las autoridades competentes han ejercido labores de control sobre las plataformas. Como ejemplo, citó una sanción superior a 451 millones de pesos impuesta a Uber Colombia SAS por la Superintendencia de Transporte por incumplimientos regulatorios.
En el fallo, el tribunal valoró positivamente el impacto de las plataformas digitales en la movilidad, el mercado y los consumidores, apoyándose en conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Según el texto, estas herramientas han atendido necesidades insatisfechas de los usuarios, mejorado la competencia y contribuido al ecosistema económico.
José Daniel López, presidente del gremio Alianza In, calificó la decisión como “una victoria del sentido común y de los derechos fundamentales”. Afirmó que el fallo “resalta el profundo impacto socioeconómico de esta industria, en términos de familias generando ingresos, incidencia en el PIB y volumen de usuarios”.
Aunque negó el bloqueo, el tribunal exhortó al Ministerio de Transporte a avanzar en la regulación del servicio prestado por estas plataformas una vez el Congreso apruebe el marco legal correspondiente. El fallo también instó a las plataformas y al Gobierno a implementar medidas de transparencia algorítmica, mecanismos de quejas efectivos, filtros de verificación de identidad y mejoras en seguridad.
El debate sobre la Ley 136 de 2024, que busca regular el transporte mediado por plataformas digitales, continúa en trámite legislativo.
La corte también declaró la falta de legitimación pasiva para la Procuraduría General y la Presidencia, al determinar que estas entidades no tienen competencia directa en la regulación del sector.
En respuesta a la decisión, Ospina expresó su desacuerdo y dijo estar “sorprendido por el fallo del Tribunal, toda vez que no estamos pidiendo que se proteja al gremio de taxistas, sino al derecho de la ciudadanía en general”.
López, por su parte, recalcó que la ausencia de regulación no implica ilegalidad, y reiteró el llamado a construir una legislación moderna, incluyente y equilibrada: “Colombia no puede darse el lujo de frenar el progreso ni de desconocer la realidad de cientos de miles de trabajadores digitales”, dijo.