La controversia evidencia una fractura creciente entre la principal universidad pública del país y una de sus entidades aliadas en proyectos de innovación.

La disputa entre la Rectoría de la Universidad Nacional (UNAL) y la Corporación Rotorr escaló un nuevo peldaño tras las declaraciones de su director ejecutivo, Jaime Alonso Restrepo. En un comunicado, Restrepo rechazó las acusaciones del rector Leopoldo Múnera, quien ha cuestionado la transparencia de la entidad y la pérdida de participación de la UNAL en su Consejo Directivo.

Restrepo responsabilizó directamente a Múnera de haber revocado intempestivamente a los representantes designados por la universidad y de negarse a asistir a las reuniones del Consejo. Según el directivo, los profesores designados por el rector anterior mantienen su legitimidad, al no existir fallo administrativo ni judicial que invalide sus nombramientos.

El comunicado también refuta las críticas sobre un supuesto ocultamiento de información. Restrepo citó fallos judiciales que respaldan a Rotorr, señalando que la corporación sí entregó la documentación solicitada, aunque bajo medidas de reserva legal. Aseguró que la pretensión de la Rectoría de contar con acceso irrestricto contradice la Constitución y la Ley de Transparencia, al involucrar información estratégica y secretos empresariales.

El directivo agregó que los organismos de control no han hallado irregularidades en Rotorr, y acusó al rector de trasladar la disputa a un terreno político. A su juicio, las múltiples acciones judiciales de la Rectoría han sido infructuosas, generando congestión en los tribunales y tensiones dentro de la comunidad universitaria.

La controversia, lejos de resolverse, evidencia una fractura creciente entre la principal universidad pública del país y una de sus entidades aliadas en proyectos de innovación.

A pesar de ello, Restrepo invitó a Múnera a dejar de lado las diferencias y a entablar un diálogo para construir en conjunto el modelo de universidad que “todos queremos para el beneficio del país, priorizando las comunidades vulnerables ubicadas en la Colombia profunda”.