En medio de la polémica, la Procuraduría suspendió a Leyva del cargo, y su sucesores, Luis Gilberto Murillo, y Laura Sarabia, tampoco lograron resolver el asunto.
La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia amplió este jueves a seis funcionarios de distintas áreas del Gobierno la investigación abierta a la canciller Rosa Villavicencio por supuestas irregularidades en el manejo del contrato para la emisión de pasaportes.
La ampliación de la investigación se anuncia un día después de que el Gobierno firmara con la empresa Thomas Greg & Sons una prórroga por ocho meses, hasta el 30 de abril de 2026, del contrato para la fabricación de pasaportes, con lo cual se evita la escasez de esos documentos de viaje.
La investigación inicial fue ordenada hace un mes, el pasado 29 de julio, contra la canciller “por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes”.
Según el Ministerio Público, se “revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que en el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación (…) para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar (…) al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual”.
El problema comenzó a finales de 2023 cuando el entonces canciller colombiano, Álvaro Leyva, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia, lo que dio pie a una demanda de la empresa fabricante contra el Estado porque a ese contrato le quedaban todavía tres años.
En medio de las discusiones sobre a quién darle el nuevo contrato, la Procuraduría suspendió a Leyva del cargo, y su sucesores, Luis Gilberto Murillo, y Laura Sarabia, tampoco lograron resolver el asunto.
Para sustituir a Thomas Greg & Sons el Gobierno decidió que la fabricación de pasaportes debe hacerla la Imprenta Nacional en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que ha sido objeto de numerosas críticas, incluso de Sarabia, quien denunció que la Imprenta carece de capacidad técnica para producir los documentos de viaje.
“El ente de control determinará si se omitió la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, dado que el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio”, indicó la Procuraduría.
La entidad investigará también “la presunta falta de disponibilidad presupuestal” y “posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza”.
Mientras avanzan las investigaciones, la fabricación de los pasaportes seguirá a cargo de Thomas Greg & Sons, al menos hasta el 30 de abril de 2026, fecha en la que el Gobierno espera que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal puedan asumir esa tarea.
Con información de EFE*
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