La Contraloría halló graves irregularidades en la entidad: anticipos no legalizados por más de $15 billones, facturas sin revisar por $13 billones y reservas técnicas subestimadas, comprometiendo su liquidez y la atención de 22% de los afiliados.
La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre la crítica situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, la más grande del país, que cubre cerca del 22 % de la población afiliada al sistema de salud.
Un operativo de policía judicial realizado en julio de este año reveló irregularidades que comprometen la sostenibilidad de la entidad. Según el informe preliminar, los anticipos pendientes por legalizar se dispararon 155 % entre 2023 y 2024, al pasar de $3,4 billones a $8,6 billones, y continuaron aumentando en 2025 hasta $15,27 billones. De ese total, $143.000 millones llevan más de dos años sin soporte, lo que eleva el riesgo de detrimento patrimonial.
El panorama se agrava con un represamiento de 22,7 millones de facturas por $22,1 billones. Tras descartar registros repetidos, permanecen sin revisión documentos por $13,2 billones, de los cuales 97 % corresponde a 2024 y al primer semestre de 2025. La Contraloría advirtió que esta falta de validación impide verificar costos, contratos y soportes, generando inconsistencias contables. Además, solo 36 prestadores concentran el 40 % del valor pendiente, lo que incrementa el riesgo fiscal.
La entidad de control también encontró contratos sin documentación completa y deficiencias en la capacidad tecnológica para procesar datos, en contravía de la normatividad vigente. A ello se suma un incremento de las cuentas por pagar, que a marzo de 2025 alcanzaron $21,37 billones, reflejando un desequilibrio entre ingresos y egresos que amenaza la continuidad de los servicios.
Otro hallazgo crítico es la subestimación de las reservas técnicas, que al cierre de 2024 presentaban un déficit de $11,1 billones, lo que evidencia falta de liquidez y un pasivo inferior al real.
La Contraloría remitirá esta alerta a su delegada para el sector salud, que definirá eventuales procesos de responsabilidad fiscal, y trasladará la información a las autoridades competentes para que determinen posibles sanciones disciplinarias o penales.
El informe deja en evidencia que, pese a la intervención de la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS enfrenta un deterioro progresivo que amenaza la estabilidad de la entidad y la adecuada atención de millones de usuarios.