El presidente sostiene que la concesión llegó a su fin, mientras Plural Comunicaciones advierte que el contrato sigue vigente y denuncia una “persecución sistemática contra la libertad de prensa”.
El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el jueves que el contrato de concesión del Canal 1 “llegó al final” y que el Gobierno abrirá una nueva licitación, pese a que el consorcio Plural Comunicaciones, operador del canal, sostiene que el contrato tiene vigencia hasta 2027 y prórroga automática hasta 2037.
En un mensaje en X, Petro afirmó: “Llegó al final el contrato de Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”. Su pronunciamiento se produjo luego de que Plural Comunicaciones acusara al Gobierno y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de una “persecución sistemática contra la libertad de prensa”.
Las directivas del canal señalaron que la concesión firmada en 2017 por 10 años fue prorrogada de forma automática por la Ley 1978 de 2019, y acusaron al Ejecutivo de “hostigamiento reiterativo” mediante actuaciones del Ministerio TIC y de la SIC.
El enfrentamiento se intensificó tras la apertura de una investigación de la SIC contra Canal 1 y Caracol Radio, propiedad de Prisa, por una presunta integración empresarial no notificada. Según la entidad, Caracol habría adquirido influencia en la programación y en la gestión de la pauta publicitaria del canal. La SIC advirtió que desde octubre de 2024 hasta 16 horas diarias de la parrilla de Canal 1 fueron ocupadas con contenidos de Caracol Radio.
Plural Comunicaciones rechazó los cargos, insistió en que notificó los acuerdos en septiembre de 2024 y aseguró que no superaban los umbrales de mercado establecidos por la ley. Además, calificó la actuación oficial como “un grave atentado contra la libertad de prensa”.
La controversia se suma a un antecedente de agosto, cuando Petro ordenó públicamente al entonces ministro TIC, Julián Molina, iniciar una nueva licitación para el canal. Días antes, el ministerio ya había cuestionado al concesionario por cambios en la composición accionaria sin autorización previa.
El consorcio anunció que ejercerá acciones legales en Colombia e instancias internacionales, mientras el Gobierno insiste en que la concesión expiró. El choque amenaza con escalar hacia un litigio jurídico y político de alto perfil, con implicaciones en el mercado de medios y en la relación entre el Ejecutivo y la prensa.