Con una deuda de $3,6 billones y una amenaza de apagón en tres departamentos, gremios del Caribe interpusieron una acción de cumplimiento para exigir al Gobierno una solución urgente a la crisis de Air-e Intervenida
La empresa Air-e, intervenida por el Gobierno hace más de un año, enfrenta una crisis financiera que podría dejar sin energía a millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Gremios empresariales y cámaras de comercio advierten que la compañía acumula una deuda de $3,6 billones, no tiene un plan de intervención claro y está en riesgo de colapsar si el Gobierno no actúa con urgencia.
La alerta fue emitida por la Veeduría Ciudadana del Proceso de Toma de Posesión de Air-e Intervenida, integrada por los Comités Intergremiales del Caribe, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la ANDI regional. En un comunicado conjunto, anunciaron que interpusieron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para exigir al Gobierno recursos inmediatos a través del Fondo Empresarial de la Superservicios.
Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en 2020, en medio de un proceso de transición tras la salida de Electricaribe. Sin embargo, cinco años después, la empresa acumula una deuda crítica. Según los gremios, la deuda pasó de $1,9 billones antes de la intervención a más de $3,6 billones en la actualidad. Solo en el primer año bajo administración estatal, la empresa acumuló $1,7 billones en nuevas obligaciones, especialmente con generadoras térmicas, que hoy reclaman más de $2,4 billones.
Esta situación pone en riesgo el suministro eléctrico en la región y podría generar alzas en las tarifas, ya que Air-e tendría que comprar hasta el 70% de su energía en la bolsa a partir de 2026.
Además de la acción judicial, la Veeduría presentó una tutela ante el Consejo de Estado por la falta de respuesta de las autoridades a múltiples solicitudes de información. Denuncian que no existe un plan de intervención público, que el programa de inversiones está paralizado y que la empresa opera sin rumbo claro. También señalan una alta rotación de funcionarios: cuatro agentes interventores, tres superintendentes y dos ministros de Minas en menos de un año.
Los gremios advierten que si el Gobierno no toma medidas urgentes, el Caribe podría enfrentar cortes masivos de energía, afectando la competitividad empresarial y la calidad de vida de más de 1,3 millones de usuarios, ya que Air-e atiende alrededor del 11% de la demanda total del Sistema Interconectado Nacional.
“Si bien esperamos resultados favorables de todas estas acciones, seguimos dispuestos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para buscar las garantías necesarias que eviten un apagón en estos departamentos y se asegure la prestación de un servicio estable y de calidad”, concluye el comunicado.
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