Tras la alerta emitida por la Contraloría General sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras en la Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud respondió que no se trata de anticipos, sino de pagos por servicios ya prestados que aún no han sido imputados contablemente.
La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció, luego de las observaciones hechas por la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de la Nueva EPS, asegurando que los recursos cuestionados no corresponden a anticipos, sino a pagos realizados por servicios ya prestados, que aún no han sido imputados a facturas específicas.
El superintendente Giovanny Rubiano García explicó que los hallazgos presentados por la Contraloría ya habían sido identificados por Supersalud desde agosto, cuando se impuso una medida cautelar a la EPS. Además, aseguró que ordenó a la gerente interventora, Gloria Polanía, implementar un plan intensivo de reuniones con prestadores para legalizar los pagos mediante actas que definan a qué facturas deben aplicarse los valores ya girados.
“Nueva EPS solo tiene que hacer con cada prestador las respectivas actas donde acuerda a qué facturas se imputarán dichos pagos, y ya desaparecerá la figura del “falso anticipo”, afirmó Rubiano.
Según Supersalud, el error radica en que la Nueva EPS no especificó, al momento de realizar los pagos, a qué facturas debían ser imputados. Por esa razón, lo que el informe de la Contraloría denomina como “anticipos” corresponde en realidad a recursos ya girados por servicios prestados, pero que aún no han sido asociados formalmente en los registros contables. En ese contexto, el uso del término “anticipos” resulta incorrecto, ya que no se trata de pagos adelantados, sino de valores que requieren trazabilidad documental.
Ahora bien, también se aclaró que solo una pequeña proporción de contratos tipo bolsa, especialmente con IPS de baja complejidad, podrían considerarse como anticipos reales. En esos casos, se ha exigido a los prestadores que realicen la respectiva legalización de los servicios prestados o devuelvan los recursos sobrantes.
La respuesta se da luego de que la Contraloría revelara, en un operativo de policía judicial, presuntas inconsistencias por más de 20 billones de pesos en los registros contables de la Nueva EPS. El organismo de control advirtió sobre facturas duplicadas, pagos sin soporte y anticipos no legalizados, lo que podría comprometer la viabilidad financiera de la entidad.
Mientras la Contraloría continúa con la verificación de los hallazgos, la Superintendencia insiste en que los recursos corresponden a servicios ya prestados y que el proceso de imputación contable está en marcha. La situación pone en el centro del debate la capacidad operativa y administrativa de la Nueva EPS, que actualmente atiende a más de 11 millones de afiliados en todo el país.