El debate sobre el uso del espacio público en Bogotá vuelve a estar en el centro de la discusión, en un contexto donde las autoridades han reforzado la vigilancia sobre intervenciones urbanísticas y las normas que regulan la ocupación de áreas comunes.
El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, cuestionó a través de su cuenta en X la ocupación de espacio público por parte de tiendas de bajo costo como D1 y Ara, señalando que este tipo de intervenciones deben cumplir con lo establecido en la normativa urbana y no pueden realizarse de manera arbitraria. Su comentario reavivó el debate sobre el uso de áreas destinadas a la libre circulación y encuentro ciudadano.
Esto que hacen con frecuencia los D1, los ARA, los OXXO, es
— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 25, 2025
lo más ilegal y destructor de ciudad que pueda haber. La alcaldía local y la Súper Defensora del Espacio Público deben exigirles restituir la acera https://t.co/bNAO46ll4q
El pronunciamiento coincide con lo dispuesto en el Código Nacional de Policía, cuyo artículo 135 tipifica como comportamientos contrarios a la integridad urbanística parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir en bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público, o hacerlo sin contar con la licencia correspondiente. La norma también sanciona actuaciones en inmuebles de conservación sin autorización, así como incumplimientos en la adecuada preservación de estos bienes.
De acuerdo con la normativa, cuando se comprueba un comportamiento contrario a la integridad urbanística, las autoridades pueden imponer sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión de actividades, la demolición de obras ejecutadas sin autorización o la restitución del espacio público intervenido.
Por su parte, la cadena afirmó que “En D1 no hemos realizado ninguna intervención en el andén o zona de antejardín; cumplimos a cabalidad con la licencia urbanística que nos fue otorgada. Operamos en estricto cumplimiento de las normas y en cooperación con las autoridades”.
Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades encargadas del uso del espacio público, lo cierto es que la legislación vigente establece que cualquier obra o adecuación que comprometa el espacio público requiere permisos formales. De lo contrario, podría considerarse una infracción sujeta a sanciones.
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