Las administradoras de fondos de pensiones esperan el fallo de la Corte Constitucional sobre el futuro de la reforma de 2024. Asofondos reporta traslados que continúan bajo el sistema actual.
Más de 110 días después de que la Corte Constitucional suspendiera temporalmente la implementación de la Ley 2381 de 2024, que contiene la reforma pensional, el sector continúa operando bajo el régimen anterior mientras espera un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.
Según Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras privadas Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, alrededor de 20.000 afiliados han solicitado la devolución de sus saldos pensionales desde el 1 de julio, fecha en la que originalmente debía entrar en vigor la reforma.
“Hemos atendido unas 20.000 personas solicitando la devolución de saldos desde el 1 de julio, cuando la reforma debía entrar en vigencia antes de que la Corte la suspendiera”, dijo Velasco en una entrevista con El Tiempo.
La Corte suspendió la norma (Auto 841 de 2025) por un vicio de procedimiento en el Congreso y ordenó a la Cámara de Representantes repetir la votación. Esta ya lo hizo, pero el futuro de la reforma depende ahora de si el alto tribunal considera que el trámite fue constitucional. Hasta entonces, el sistema pensional sigue funcionando bajo la Ley 100 de 1993.
Pese a la incertidumbre, Velasco destacó que más de 115.000 personas han aprovechado la “ventana de traslado” aún vigente para cambiarse entre los regímenes público y privado. “Las únicas excepciones que siguen activas están relacionadas con el Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai) y con la ventana de traslado, que continúa funcionando”, señaló.
El presidente de Asofondos advirtió que la demora en el fallo de la Corte ha frenado los avances de las entidades públicas y privadas que se preparaban para implementar el nuevo sistema.
“Ha sido inconveniente, en la medida en que un proceso que ya venía en marcha se ha detenido. Las entidades públicas no pueden destinar recursos a algo que legalmente no existe”, dijo.
Velasco agregó que el sector ha solicitado a la Corte un periodo de transición si finalmente se declara exequible la reforma.
“Hemos pedido un plazo de dos meses para actualizar los datos y adaptar el sistema antes de que la ley entre en vigor. El Banco de la República ha solicitado tres meses y los operadores de la Pila, seis”, explicó.
La propuesta de reforma pensional, una de las iniciativas sociales emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro, busca integrar los regímenes público y privado en un sistema unificado de varios pilares. Pero por ahora, su implementación sigue en el limbo mientras millones de colombianos esperan claridad sobre cómo se jubilarán.
“Estamos ansiosos por conocer la decisión de la Corte”, dijo Velasco. “Entre más se demore, mayor será la incertidumbre, y más difícil será volver a reconectar a la población con el tema pensional.”