Los cuatro operadores móviles más importantes del país enfrentan multas de hasta 15.000 salarios mínimos por irregularidades que habrían facilitado el 'SIM Swapping'.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra Colombia Móvil S.A. ESP (Tigo), Comunicación Celular S.A. Comcel (Claro), Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp BIC (Movistar) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM) por presuntas fallas en la validación de identidad de sus usuarios durante el proceso de reposición de SIM Cards.
Según la entidad, estas irregularidades habrían facilitado la práctica conocida como “SIM Swapping”, una técnica de fraude mediante la cual delincuentes logran transferir el número de teléfono de una víctima a una tarjeta SIM controlada por ellos, obteniendo acceso a cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios vinculados a ese número.
La técnica consiste en engañar a un proveedor de telecomunicaciones para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una tarjeta SIM controlada por el atacante. De esta forma, los delincuentes pueden eludir las protecciones de autenticación y acceder directamente a las cuentas de las víctimas.
De acuerdo con la investigación de la SIC, los cuatro operadores habrían incurrido en las siguientes irregularidades en la reposición de SIM Cards:
No implementar herramientas tecnológicas adecuadas: Las empresas no habrían contado con mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios al momento de realizar el proceso de reposición de la SIM Card.
No reforzar controles periódicos: No se habría verificado la efectividad de los mecanismos implementados para identificar anomalías o vulnerabilidades en la actividad de reposición.
No ofrecer respuestas claras y suficientes: Los usuarios que presentaron quejas por reposiciones gestionadas sin su autorización no habrían recibido información por parte de las compañías.
Las multas que enfrentan los operadores podrían alcanzar hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) cada una.
Ahora, las compañías tendrán un plazo de quince días hábiles desde la notificación para presentar sus descargos, ejercer su derecho de defensa y aportar las pruebas que consideren necesarias para controvertir cada uno de los cargos formulados.
La investigación cobra especial relevancia considerando que estos cuatro operadores concentran la mayor parte del mercado de telecomunicaciones en Colombia, lo que aumenta el impacto potencial de estas fallas de seguridad sobre los millones de usuarios en todo el país.
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