La audiencia del 20 de noviembre marcará el primer enfrentamiento directo entre Frisby Colombia y Frisby España, en un proceso que avanza bajo estrictas medidas de confidencialidad en el Juzgado Mercantil de Alicante.

Frisby Colombia y Frisby España se enfrentarán por primera vez en una audiencia judicial el próximo 20 de noviembre, en medio de un proceso por presunta infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal. La diligencia fue citada por el Juzgado Mercantil número 2 de Alicante, que ordenó medidas cautelares a solicitud de la empresa colombiana.

La citación, dada a conocer este jueves, da un plazo de una semana a la defensa de Frisby España para aportar documentación previa a la comparecencia. El juzgado, que maneja disputas societarias, de propiedad intelectual y concursos de acreedores, dispuso que las actuaciones se celebren a puerta cerrada debido a la sensibilidad del caso.

Forbes conoció que la cita está programada para el jueves 20 de noviembre, a las 15:00 hora de Colombia. Frisby España no contará con directivos en la sesión, ya que la representación estará a cargo exclusivamente de sus abogados.

El proceso se enmarca en las medidas cautelares solicitadas por Frisby Colombia, que busca frenar el uso de la marca por parte de la compañía española mientras avanza la demanda principal. Según la citación, el juzgado evaluará si mantiene o ajusta las restricciones solicitadas por la parte demandante.

Cabe recordar que la cadena colombiana de restaurantes Frisby, fundada en 1977 en Pereira y con más de 260 locales en Colombia, había registrado su marca en la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en 2005 para clases de alimentos y restauración, pero no activó operaciones en Europa. A finales del año pasado, la empresa española que opera bajo el nombre Frisby España solicitó la nulidad del registro europeo alegando falta de uso, mientras que la parte colombiana acusó a la española de mala fe e imitación de su identidad marcaria. El procedimiento ante la EUIPO y los tribunales españoles definirá quién obtiene la titularidad del uso de la marca en Europa y si deben cesar los locales y comunicaciones de la parte que resulte desfavorecida.

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