La autoridad de competencia sostiene que la unión traerá eficiencias y tarifas más bajas, pero solo si se cumplen los condicionamientos impuestos para preservar la competencia.

Todo está dispuesto para que Millicom (Tigo) adquiera la totalidad de las acciones de Movistar en Colombia, de manera que “las dos compañías pasarán a ser parte de un mismo grupo empresarial y en esta medida, evidentemente, dejarán de competir entre ellas”, anunció este viernes las superintendente de Industria y Comercio de Colombia Cielo Rusinque.

La funcionaria afirma haber recorrido meses de análisis técnico, mesas de trabajo con entidades del sector y un paquete de condiciones que busca evitar que la operación termine debilitando la competencia en lugar de fortalecerla.

Rusinque explicó que la SIC tenía tres caminos: aprobar sin condiciones, negar o autorizar imponiendo medidas estrictas.

“Si la Superintendencia encuentra que la operación plantea y posibilita beneficios potenciales para la competencia, el mercado y los usuarios, y que los riesgos que ella genera pueden ser mitigados o controlados a través de medidas o condicionamientos, la Superintendencia está llamada a aceptar, a autorizar la operación”.

Así justificó la decisión de avanzar con la integración, pero bajo un régimen de vigilancia y tarifas reguladas para proteger a operadores pequeños y a los consumidores.

Tigo y Movistar, en conjunto representan el 42% del mercado nacional de las telecomunicaciones en Colombia.

La funcionaria señaló que el análisis abarcó 19 mercados, desde servicios móviles y fijos hasta accesos mayoristas a redes. A su juicio, la operación tiene beneficios claros: “Encontramos que esta operación ofrece beneficios potenciales para el mercado y para los usuarios”.

Según dijo, la infraestructura unificada de Tigo y Movistar permitirá reducir costos, optimizar recursos y liberar inversiones para ampliar cobertura y mejorar calidad del servicio. “Los resultados de este ahorro que estamos proyectando permitirán liberar recursos que podrán ser destinados a incrementar la calidad del servicio, la ampliación de la cobertura a zonas actualmente desatendidas y ejercer una competencia efectiva sobre el operador de mayor tamaño”.

Pero la superintendente también se refirió los riesgos. “Esta operación plantea una serie de riesgos para la libre competencia”, expresó, al describir escenarios en los que la empresa integrada podría bloquear a competidores o coordinarse con Claro, que es considerado operador dominante. “Ambos riesgos conducirían a un desmejoramiento de las condiciones del mercado en perjuicio de los usuarios”.

Uno de los puntos más sensibles es el acceso a redes para Wom y para los operadores móviles virtuales. Rusinque explicó que al unirse Tigo y Movistar podría generarse un incentivo para elevar costos a quienes dependen de su infraestructura. “Con la materialización de esta integración se puede generar el riesgo de que la empresa integrada desmejore esas condiciones de acceso a sus competidores y en particular que pueda incrementar las tarifas que cobra por el uso de sus redes”.

Para contrarrestar ese riesgo, la SIC impuso rebajas obligatorias: entre 12,5 % y 24,38 % en las tarifas RAN para Wom y entre 11 % y 46 % para distintos tipos de contratos de OMV.

“Lo que aquí podemos demostrar es que los condicionamientos están orientados a una reducción de las tarifas”, indicó. “Respondiendo a la pregunta, sí, evidentemente esperamos que esto tenga un impacto positivo prácticamente inmediato en cuanto a las tarifas”.

Respecto a la diferencia de trato entre Wom y los OMV, la superintendente sostuvo que no existe discriminación. “La situación de Wom es muy diferente a los OMV, operadores móviles virtuales. Mal podría uno establecer las mismas condiciones para agentes del mercado que tienen condiciones muy diferentes”.

Añadió que la intervención fue calibrada según la estructura contractual y el modelo operativo de cada tipo de operador.

Otro riesgo señalado fue el posible surgimiento de un duopolio entre Claro y la empresa fusionada. Rusinque recordó que la concentración previa ya era problemática.

“Estábamos antes de esa integración en el peor de los escenarios en las telecomunicaciones en Colombia”, dijo, argumentando que la operación y sus condicionamientos buscan precisamente crear un contrapeso real al dominante y fortalecer a los operadores pequeños para que puedan competir.

Entre las medidas se incluye que la empresa integrada no podrá diseñar campañas dirigidas específicamente a operadores minoritarios y deberá detallar en las facturas el valor individual de cada servicio en los paquetes, con el fin de dar transparencia y evitar empaquetamientos que excluyan a rivales más pequeños.

Según dijo, estas reglas “fortalecerán los incentivos para que esta empresa integrada comience a generar presiones a la empresa dominante”.

La SIC también identificó riesgos en servicios fijos en 82 municipios. Allí la empresa integrada podría tener espacio para subir precios o bajar calidad. Para evitarlo, la autoridad obligó a indexar tarifas a las que la misma empresa cobra en los municipios donde existe competencia efectiva, como Bogotá, Pasto, Popayán y Soacha.

“La tarifa que la empresa integrada cobrará en los municipios que tienen riesgo de competencia deberá corresponder a la que esa empresa establece en los municipios donde sí existen buenas dinámicas competitivas”, complementó. También exigió mantener los niveles actuales de calidad en esos territorios. “La operación no podrá generar desmejoramiento en la calidad del servicio incluso en estos municipios de riesgo”.

Un capítulo aparte fue OnNet, la compañía de fibra óptica donde Movistar ya tenía poder de veto. Con la fusión, ese control negativo pasaría a la empresa integrada. “Como resultado de esta integración la empresa integrada pasará a ejercer el control negativo sobre OnNet. Esa situación genera dos riesgos”, dijo: el acceso a información sensible de competidores y la posibilidad de bloquear a rivales en el uso de la red.

Para evitarlo, la SIC estableció un esquema de blindaje informativo y consiguió un compromiso clave. “La empresa integrada renunció a la posibilidad de ejercer su derecho de veto frente a las principales decisiones que podrían materializar el riesgo de competencia”.

Además, anunció reportes y vigilancia en tiempo real para garantizar que la empresa no utilice su participación en OnNet para excluir a competidores.

Al ser consultada sobre la posibilidad de revertir la operación, Rusinque enfatizó que: “El no cumplimiento de lo que nosotros hemos establecido como condicionamiento puede acarrear sanciones cuyos montos ya conocen, los topes que pueden llegar hasta 100 000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Señaló que los condicionamientos empiezan a regir cuando la operación se materializa y que su incumplimiento activa el régimen sancionatorio.

Ante las críticas por falta de acción del Gobierno frente al mercado, Rusinque insistió en que la regulación corresponde a la CRC. “Insisto en que la CRC, que es el ente regulador, no la Superintendencia, es el organismo encargado de hacer esta regulación que esperamos como gobierno ojalá lo hagan en el menor tiempo posible”.

Añadió que la decisión aprovecha la coyuntura para mitigar efectos negativos en un mercado ya desequilibrado. “Aquí lo que estamos es utilizando los instrumentos a nuestro alcance para permitir que surja un segundo bloque que pueda competirle a ese dominante garantizando condiciones de libre competencia”, dijo..

La SIC promete vigilancia estricta durante cuatro años o hasta que la CRC expida nuevas normas. Rusinque cerró su intervención indicando el objetivo que, según ella, guía todo este proceso: “El objetivo de esta decisión es impedir la formación de monopolios y promover dinámicas de competencia efectivas en beneficio del mercado y principalmente de los usuarios”.

¿Cómo va el proceso de venta?

Movistar está conformado por Telefónica, una compañía española con participación del Estado español, y por el gobierno colombiano, que mantiene un 32,5% de las acciones.

El presidente Gustavo Petro planteó hace meses la posibilidad de vender esa participación estatal como parte de una estrategia para capitalizar Internexa, la empresa que busca fortalecer para desarrollar una nube pública. Telefónica, por su parte, anunció desde 2019 su intención de desinvertir en América Latina.

Si la integración avanza, el principal comprador sería Tigo, hoy propiedad del Grupo Millicom, del empresario francés Xavier Niel, y de Empresas Públicas de Medellín (EPM). EPM ya acordó vender su participación a Millicom por cerca de $2.1 billones de pesos condicionada a la integración, y Telefónica cerró un acuerdo por US$400 millones por su parte en Movistar. Millicom también ha expresado interés en adquirir la participación del gobierno colombiano, aunque el Ministerio de Hacienda no ha anunciado una decisión final. Todos estos movimientos permanecen abiertos, en la medida en que las condiciones impuestas por la SIC pueden hacer más o menos atractivo el negocio para Millicom.

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